La Gendarmería Nacional desplegó durante el último 11 de julio 38 allanamientos simultáneos en seis provincias, entre las que se encontró Santa Fe, en el marco de una causa federal que se instruye en la Justicia federal de San Luis.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en una granja de rehabilitación de Remar, ubicada en Malvinas Argentinas y Aristóbulo del Valle de Santo Tomé, y la cual fue inspeccionada además por personal de la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) que también estuvo al frente de la investigación.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el procedimiento fue a partir de una causa que investigó a distintas granjas de rehabilitación por la explotación laboral de por lo menos 498 personas a las que se les habrían impuesto “extenuantes jornadas de trabajo sin ninguna paga en diversos rubros como la venta ambulante, albañilería, carpintería, tareas de cosecha, reparación de vehículos, tareas domésticas y de cuidado, entre otras”.

Los allanamientos se dieron también en San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Provincia y Ciudad de Buenos Aires y tuvieron como resultado distintos hallazgos y secuestros:

En aquellos domicilios donde se hallaron personas acogidas, se verificaron indicios indicadores de vulnerabilidad por razones de salud, edad, económicas, violencia de género, adicciones, etc.
En la mayoría de los casos, las personas entrevistadas no eran oriundas de la provincia donde se encontraban.
En varios casos se pudo saber que a las personas se les retenía los teléfonos celulares, documentos personales y/o tarjetas de débito para la posterior apropiación de beneficios sociales asignados.
Las personas eran recibidas y acogidas en los establecimientos donde muchas veces trabajaban.
Las principales actividades económicas de la organización que se pudieron conocer están relacionadas con la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción, tareas domésticas.
En varios establecimientos se encontraron familias con sus hijos y en algunos, menores de edad, trasladados sin autorización de sus padres.
En todos los casos las personas entrevistadas manifestaron realizar tareas para la organización sin paga alguna.
En varios casos manifestaron tener que cumplir objetivos de ventas.
En todos los casos manifestaron no recibir salario, ni retribución dineraria alguna por las tareas encomendadas.
En la mayoría de los casos manifestaron cumplir largas jornadas laborales.
En algunos casos encontraron documentación de Altas y Bajas firmadas por personas que declaraban su voluntad de realizar trabajo voluntario social –Ley 25.855- . Un “voluntariado” sujeto a horarios extenuantes, topes de producción y a destajo y un sistema de premios y castigos.
En todos los casos las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron NO recibir atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los responsables de la organización, pero sí que se estaban rehabilitando de alguna adicción.
En varios domicilios se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera) y títulos de vehículos.
Durante los procedimientos, varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado, motivo por el cual este Comité Ejecutivo articuló con los puntos focales provinciales (Mendoza – Córdoba) la reubicación transitoria y el traslado a su provincia de origen, donde se encuentran sus familiares.

Fuente: Aire de Santa Fe