Un muchacho de 19 años identificado como Carlos Raúl Guerrero quedó en prisión preventiva este miércoles por su posible responsabilidad en el homicidio de Nahuel Robles, en Santo Tomé. El hecho es investigado por el fiscal de Homicidios, Estanislao Giavedoni, quien calificó el hecho como homicidio criminis causae, delito para el cual el Código Penal establece la pena máxima de prisión perpetua. El abogado defensor Martín Peón adelantó que intentará demostrar que se trató de un homicidio en ocasión de robo, cuya pena es de 10 a 25 años de prisión.
Homicidio calificado
El fiscal Giavedoni relató los hechos que se le atribuyen a Guerrero en una audiencia realizada este mediodía en la sala 3 de los tribunales santafesinos, ante el juez Gustavo Urdiales. Según el relato fiscal, Guerrero atacó a Robles con un arma blanca en inmediaciones de Necochea y Moreno, pasadas las 20:30, cuando la víctima intentaba recuperar el teléfono celular que Guerrero le había robado momentos previos.
Al finalizar la audiencia, el fiscal Giavedoni explicó desde el móvil de AIRE en tribunales que el ataque mortal perpetrado por Guerrero fue a fin de lograr la impunidad del robo y huir del lugar: en eso reside la calificación de criminis causa. Entre la evidencia, el fiscal destacó la declaración de varios testigos y también el análisis de varias cámaras de videovigilancia de la zona, que registraron el ataque.
Prisión preventiva
A su turno, el abogado defensor explicó que consentía el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía, y adelantó que en el desarrollo de la investigación intentarán demostrar que la figura legal que corresponde es el homicidio en ocasión de robo. En relación a este punto, en diálogo con los medios, Giavedoni advirtió que las atribuciones legales que se atribuyen siempre son provisorias y que pueden variar (agravarse o ser más leves) según la evidencia que se vaya colectando en la investigación. En tanto, el papá y la mamá de Nahuel Robles se presentarán como querellantes en la causa con representación de las abogadas del Centro de Asistencia Judicial a la Víctima, Vivian Galeano y Marina Fruttero.
Fuente: Aire de Santa Fe