Se trata de un proyecto de Ley que pretende incorporar a la violencia política, entre los distintos tipos enumerados por la Ley de protección integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. La actual normativa reconoce entre los distintos tipos de violencia a la física, la sexual, la psicológica, la económica y la simbólica. Esta iniciativa propone –en consonancia con la modificación hecha por la ley 27.533 a la norma nacional- incluir también la violencia política que es aquella que se dirige a “menoscabar, anular, impedir, retardar, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho de participar”.Asimismo, la ley menciona diversas formas que asume la violencia hacia las mujeres. Entre las modalidades actualmente reconocidas podemos citar: la doméstica, la institucional, la laboral, la que restringe la libertad reproductiva, la obstétrica y la mediática. El proyecto propone incorporar la violencia pública-política y la define como “aquella que fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida, limite y retarde el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política de las mujeres, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros”.
DECLARACIONES PALO OLIVER
Entre los fundamentos, el legislador sostuvo que “la violencia política que sufren las mujeres por razones de género en los sistemas democráticos no es reciente y a pesar de los avances, existen muchas limitaciones impuestas para el desempeño de funciones en la vida política y pública.Esto genera una baja representación de la mujer en los ámbitos de decisión política y de poder, lo que se traduce en democracias restringidas, que a su vez consolidan la opresión sufrida por las mujeres.Otro aspecto que colabora en la conformación del escenario de representación desigual es la doble responsabilidad, en términos generales, que aún hoy recae sobre las mujeres y no sobre los hombres. A pesar de la evolución que ha experimentado la sociedad, a las mujeres se les sigue asignando una responsabilidad mayor que al hombre en lo relativo al ámbito familiar. Responsabilidad que debe asumir en simultáneo con la exigencia que recae sobre ella en el marco de su actividad política y esto la coloca en una situación clara de desventaja”.
DATOS DE INTERÉS
Índice de participación de las mujeres
Es importante destacar que un informe elaborado en 2019 por el Observatorio de las Violencias contra las Mujeres, arrojó que hacia diciembre de 2018, considerando los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Santa Fe, el índice de participación de las mujeres (IPM) fue del 35,36%.En cuanto a los puestos de decisión, de 505 cargos en el Poder Ejecutivo sólo 140 fueron ocupados por mujeres. En el Poder Judicial, de 1656 cargos de decisión, 857 fueron desempeñados por mujeres, aunque en la Corte Suprema, de 7 miembros sólo una es mujer. Por último, en el poder legislativo de 69 cargos de decisión, 19 fueron ocupados por mujeres.Otro dato para destacar es que de 363 localidades santafesinas, sólo en 34 de ellas la intendencia o presidencia comunal fue desempeñada por mujeres.

Violencia contra la mujer

En su momento, la Subsecretaría de Políticas de Género llevó adelante el Registro Único de Situaciones de violencia contra las mujeres (RUVIM) y en el informe realizado durante el primer cuatrimestre del año 2018 mencionaba que en la provincia de Santa Fe se habían registrado 6.514 casos vinculados a la violencia contra las mujeres o personas autopercibidas como mujeres. En el 61% de los casos se trató de violencia psicológica, el 37% de violencia física, el 13% de violencia sexual, el 4% de violencia económica y patrimonial y el 2% de violencia simbólica, no registrándose casos de violencia institucional.