Se trata de Rolando Vergara y Daniel Tomasi, Secretario de Gobierno y Director de Bienestar Social, respectivamente, durante la última gestión de Ángel Piaggio como intendente de Santo Tomé. Hasta el momento, el actual concejal Piaggio no hizo declaraciones públicas sobre la causa judicial que involucra a sus ex colaboradores durante su gobierno entre 2003 y 2007.
El caso se destapó en 2011 cuando funcionarios provinciales denunciaron ante la Justicia que las escrituras de terrenos, loteos y propiedades habían sido modificadas y luego vendidas en el mercado inmobiliario.
El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, Jorge Andrés, confirmó finalmente el procesamiento para 22 personas ligadas a la causa que investiga una mega estafa inmobiliaria por medio de adulteraciones de las escrituras del Registro de la Propiedad de Santa Fe. El fallo fue en base a una resolución judicial dictada el 29 de diciembre del 2017 por el juez Darío Sánchez, que procesó en su momento a un total de 26 imputados.
La reciente medida, resuelta el pasado 5 de agosto, confirmó los cargos que existen contra los escribanos públicos, Claudia María del Huerto Dechanzi (sobre quien también pesa un procesamiento en la Justicia federal), Pablo Galván y Martín Osear Peón, todos acusados como coautores de estafa, asociación Ilícita y falsedad ideológica de instrumento público.
El procesamiento también quedó firme para un empleado del Servicio de Catastro, identificado como Daniel Tomassi, sindicado como uno de los principales ejecutores del ardid delictivo que investiga la Justicia. El mismo fue procesado por “estafa y falsedad ideológica de instrumento público en carácter de autor y estafa y asociación Ilícita en calidad de partícipe primario”.
El fallo del juez de alzada también alcanza Ricardo Pedro Acebal, Jorge Horacio De Napoli, Julio David Díaz, Miguel Angel Durani, Alberto Luis Eggel, Angel Alberto Guardia, Raimundo Osmar López Barro, Diego Marcelo Parisse, Urbano Marcelo Parisse, María Cristina Manzur, Odelina Miriam Martín, Rolando Luis Vergara, Jesús Hipólito Vega, Carmelo Antonio Liberatore, Elbio Rubén Roldán, Miguel Ceballos, Cristina María Leonor Usedo y Edelvis Griselda Patrone. Todos imputados por delitos que varían en cada caso entre la “estafa”, “asociación ilícita” y “falsedad ideológica de instrumento público”.

Un largo camino judicial
El caso salió a la luz en 2011 luego de la presentación de una serie de denuncias presentadas por el exsecretario de Justicia de la provincia, Roberto Vicente, y la exdirectora general del Registro General Santa Fe, Nora Mauro, que detectaron la alteración de la titularidad de las escrituras de terrenos, loteos y propiedades.
Esa “alteración” posibilitó que un grupo de personas (para la Justicia los hoy procesados) se apropien de las escrituras tras suplantar la información real que había en los tomos -del Registro de la Propiedad- con sus datos personales y luego ofertar la propiedad en el mercado inmobiliario.
La falsificación se llevó a cabo de diferentes formas: en algunos casos se borraron los datos de los verdaderos titulares y la inscripción del inmueble, colocándose datos de otras personas y otros inmuebles; mientras que, en otros, se detectó que la totalidad de algunos asientos registrales fueron completamente fraguados (con los datos del titular, transmitente, adquirente, descripción del inmueble; como también se sustrajeron folios falsificados en forma posterior a la transferencia).
Inclusive, en alguno de los folios donde se encontraban las escrituras, los investigadores advirtieron que llegaron a ser modificados hasta en su color para que aparentaran ser muy antiguos.

La ejecución
El reciente fallo emitido en la Cámara de Apelaciones, puso el acento en el rol que tuvo el empleado de Catastro, Tomassi, ya que el mismo fue considerado tanto por el juez de instrucción como por ahora el juez Andrés, como el autor de las falsificaciones y además como quien participó una operación inmobiliaria de un terreno cuya escritura fue modificada en el Registro de la Propiedad.
La mirada de la Justicia sobre Tomassi, recayó luego de que una serie de testigos dijeron haberlo visto en reiteradas oportunidades ingresar al Registro de la Propiedad, después de las 13, cuando por lo general culmina la actividad en el edificio público.
Para lograr el ardid, el caso determinó que el principal investigado se valió de personas que actuaron como posibles prestanombres, como así también de la aprobación de las escrituras por parte de los escribanos que se encuentran apuntados en la investigación.
La estafa fue tan grande que llegó perjudicar a una serie de beneficiarios de los créditos Procrear que tras adquirir lotes de un terreno de Colastiné no pudieron edificar y además sus planes fueron cancelados luego de que el Banco Hipotecario detectó la irregularidad de las escrituras. Dichos terrenos fueron ofertados por uno de los imputados al cual también el juez Andrés confirmó su procesamiento.

Fuente: Aire de Santa Fe