Desde la Agrupación Cromosoma 21 Inclusivo de Santo Tomé dieron a conocer en las últimas horas lo que consideran un caso de discriminación hacia una pequeña con autismo. Silvia manifestó que una mamá del grupo se comunicó hace un par de meses con una escuela privada de la mencionada localidad, con la intención de solicitar banco para su hijita de 4 años, Dolores, quien está afectada levemente por el Trastorno del Espectro Autista (TEA). En un principio le dijeron que sí, que no había problemas en admitirla, pero después, cuando la madre explicó que su pequeña tenía autismo, empezaron “a tenerla a las vueltas”, hasta que finalmente rechazaron su pedido. “La madre tiene todas las pruebas de que ella se comunicó con la escuela, porque ahora los contactos con las instituciones se hacen vía mail”, señaló Silvia, sin dejar de remarcar que episodios como el descripto suceden seguido, tanto con establecimientos educativos públicos como privados.

La diferencia, aclaró la representante de Cromosoma 21 Inclusivo, es que en la actualidad los padres damnificados pueden demostrar la existencia de los correos que intercambian con las autoridades escolares. Esos mensajes, entre otras cosas, reflejan el “cambio” que se produce cuando se enteran de que el pedido de banco es para niños con alguna discapacidad o TEA, aunque sea leve, como el que presenta Dolores. “Más allá que pueda pasar que no tengan bancos, porque en realidad hay muy pocos jardines de infantes, lo que más nos duele es el manoseo que hacen, porque cuando llamás y decís que necesitás lugar te dicen que sí, que no hay problemas; pero ni bien empezás a explicar las distintas situaciones es obvio que hay una discriminación por tener una discapacidad, porque comienzan con las excusas”, describió Silvia, que es docente y mamá de Uriel, un pequeño con Síndrome de Down.

“Me sentí muy mal”

Soledad Colla Davies, mamá de Dolores, dio a conocer los detalles de la situación por la que tuvo que atravesar, la que ya expuso por las vías correspondientes ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe (también conocida como Defensoría de la Niñez). El siguiente es su relato textual: “En septiembre pasado me comuniqué por mail con el Jardín Nuestra Señora de la Paz de la ciudad de Santo Tomé, para solicitar una vacante en Sala de 4, y comento que mi hija tiene autismo. Al correo lo respondió la directora de la institución, Doris Daniela Oronas, quien me notifica que no hay vacantes para el jardín pero sí para el anexo, Nuestra Señora de la Sonrisa. Le confirmé que aceptaba el lugar y que quedaba a la espera de una entrevista”.

“En noviembre, la directora se comunicó con nosotros y nos envió la ficha de inscripción así como el reglamento del colegio. Acordamos una entrevista por Zoom para el viernes 6 a las 9.15, en la que teníamos que estar los padres y la nena. Llegó el día y horario acordados, pero la directora no se presentó. Entonces envié un mail preguntando si se iban a conectar, pero nunca me respondieron. Pasado el mediodía me llamó la directora, diciéndome que no había más vacantes para mi hija, porque ya habían aceptado a otra nena con autismo”. “Le aclaré que el autismo de mi hija era leve, que podía hablar con su terapeuta y también podíamos enviar un acompañante terapéutico; pero todo esto fue rechazado, según lo que me dijo la directora, por falta espacio en el jardín”.

Soledad quedó realmente sorprendida y decepcionada por lo ocurrido junto a su esposo (Adrián Palacio), por lo que el sábado 7 de noviembre decidió enviar un nuevo mail a la escuela. Allí, tal cual manifestó a El Litoral, “expresaba lo mal que me sentía y el mal momento que me hizo pasar la directora, a lo que ella respondió que lo lamentaba”. “Por eso quiero hacer público todo esto, porque siento que a mi hija la discriminaron porque aclaramos que tiene autismo y no le dieron la posibilidad de conocerla”, completó la mamá.

SON FRECUENTES

Silvia Fernández advirtió que casos de discriminación como los que tuvo que sufrir Soledad con su pequeña Dolores son bastante comunes. Y ocurren con mayor asiduidad de lo que pueda conocerse públicamente, en especial porque no todos los padres perjudicados podían demostrar el rechazo que recibían, sobre todo si hacían la consulta sólo por teléfono. Agregó que las instituciones que rechazan chicos con alguna discapacidad o trastorno repiten un mismo modo de actuación: “Empiezan a decirte, por ejemplo, que no tenés un familiar o un hermanito que haya ido antes, porque así se reserva un lugar; todos usan las mismas excusas, pero la diferencia este año es que tenemos pruebas y los padres están más informados sobre sus derechos”, destacó.

La legislación que los ampara

En Argentina, la legislación que avala los pedidos de educación común inclusiva es nutrida y específica. Por un lado está la ley Nº 26.378, de 2008, sobre los derechos de las personas con discapacidad. También está la ley Nº 27.044, promulgada en 2014, que establece la jerarquía constitucional para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional de Argentina. Allí, se expresa que “las escuelas tienen prohibido rechazar la inscripción o reinscripción de un/a estudiante por motivos de discapacidad”. El rechazo por este motivo, ya sea de forma directa o indirecta, “será considerado un acto de discriminación”. La Carta Magna, en otro de sus artículos, subscribe de modo explícito que “las familias tienen derecho a elegir la institución educativa de su preferencia”.

La ley Nº 23.592, conocida como Ley Antidiscriminación, dispone que todo aquel que “arbitrariamente impida, obstruya restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral”. Existen varias resoluciones del Consejo Federal de Educación, como la Nº 311, de 2016, en su artículo 5, que contempla lo siguiente: “Las jurisdicciones (…) profundizarán la cultura inclusiva como eje transversal en los establecimientos educativos que de ellas dependan, respondiendo a los requerimientos de los diferentes niveles y modalidades”. También está la ley provincial sobre discapacidad, que habla del “derecho a una educación común, dado que la educación especial es una modalidad y no acredita saberes. La educación inclusiva temprana es la única posibilidad de conseguir una inserción social exitosa”.

Fuente: El Litoral