Seis años después de iniciadas las investigaciones por posible contaminación en efluentes arrojados al río Coronda por siete importantes empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo, la causa está virtualmente paralizada luego de que el juez federal, Marcelo Bailaque, considerara que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones que pesan sobre 18 personas que representan a las firmas en la mira.

El magistrado dispuso la falta de mérito para estos 18 empresarios, pero el fiscal federal Walter Rodríguez apeló esa medida porque considera que, en su fallo, el magistrado solo tomó en cuenta las miradas de los peritos técnicos contratados por cada una de estas firmas de manera particular y dejó de lado la mirada del perito oficial que ratificó la presencia de material contaminante y la posible responsabilidad de las empresas.

De hecho, cuando se realizaron los primeros allanamientos y tomas de muestras de los residuos arrojados por estas empresas hacia el canal pluvial que desemboca en el río Coronda, estas firmas ni siquiera contaban con autorización de volcamiento, lo que refleja “el marco de absoluta e injustificada informalidad” en que veían operando.

La investigación por este caso se inició en 2016, luego de una denuncia en la que se hizo alusión al vertido de distintos productos químicos en el río Coronda, provenientes del Parque Industrial. Poco antes, vecinos del Barrio Jorge Newbery comenzaron a manifestar su preocupación por lo que estaba sucediendo, por la existencia de fuertes olores y el deterioro de los techos de sus casas provocado por sustancias arrojadas al desagüe que se encuentra sobre el lateral norte, dentro del Parque, que desemboca en el río.

En el marco de las investigaciones, organismos técnicos tomaron muestras de los efluentes y detectaron la presencia de materiales peligrosos como, por ejemplo, cromo y plomo, que surgían desde empresas del Parque Industrial y terminaban en el Coronda.

Tanto es así que, en marzo de 2021, el mismo juez Bailaque ordenó que de manera urgente se tomaran medidas para frenar la contaminación detectada en efluentes de estas empresas. Sin embargo, estas firmas jamás cumplieron con aquella medida cautelar, por lo que no tomaron ningún tipo de medida para mejorar sus niveles de seguridad ambiental.

La única empresa que decidió acatar la orden del juez fue PB Leiner, fabricante de gelatinas y con una particularidad: no es santafesina, ya que se trata de una multinacional con su casa matriz en Bélgica. Incluso, fuentes consultadas por AIRE confirmaron que esta firma realizó inversiones importantes para no afectar el ambiente. Por ese motivo, la empresa fue inmediatamente retirada de la lista de sospechosos por contaminación.

En cambio, el resto de las empresas optó por sostener su posición y defender sus posturas a través de las vías legales. Incluso, intentaron que esta causa dejara de estar en manos de la Justicia Federal y pasara a los Tribunales provinciales, lo que fue rechazado.

Fuente: Aire de Santa Fe