La concejal de la UCR Florencia González ingresó un proyecto de ordenanza, donde además pide al municipio que difiera por 60 días el pago de la TGI a estos sectores. “Así como se les pide que hagan un esfuerzo y no desarrollen su actividad, el Estado también debe hacer un esfuerzo para que puedan seguir subsistiendo y utilizar todas las herramientas posibles para cuidar el trabajo”, afirmó la edil.

La concejal de la UCR Florencia González solicitó mediante un proyecto de ordenanza que el municipio exima del pago de la Tasa de Derecho de Registro Inspección e Higiene con vencimiento en los meses de junio y julio de 2021, que difiera el pago por 90 días de los vencimientos en agosto y septiembre de este tributo y por 60 días las cuotas 6 y 7 de la TGI; a los sectores afectados por las restricciones dispuestas por la pandemia.

“Estamos hablando de salones privados de eventos, canchas de fútbol 5 y paddle, peloteros, transportes escolares, agencias de turismo, empresas de catering, alquiler de enseres, sonido e iluminación, organización de eventos, jardines de maternales privados, hoteles, gimnasios o centros de entrenamientos, centros de pilates y yoga y comercios no esenciales que no pudieron abrir sus establecimientos bajo ninguna modalidad”, detalló la legisladora.

En la misma línea, Florencia González afirmó: “Se trata de sectores que la vienen pasando muy mal en términos económicos y financieros, con notables incrementos de su deuda y disminución de su trabajo, dentro de los cuales muchos ya cerraron sus puertas. Cuando parecía que podían empezar a recuperarse algunas actividades afectadas, nuevamente deben cerrar sus puertas. Pero a diferencia del año pasado, estos sectores ya no tienen ningún margen ni de endeudarse, ni de subsistir con las puertas de sus negocios cerradas y la situación es desesperante y angustiante”.

La concejal de UCR señaló que si bien hay ayudas del gobierno nacional y provincial, no llegan a todos los sectores y tampoco reemplaza el efecto negativo de un comercio con sus puertas cerradas. “Por este motivo es inviable pretender cobrar impuestos y tasas de quienes su fuente de generación de ingresos está bloqueada por el mismo Estado que pretende hacerse de los recursos”, añadió.