En marzo Alexis y Nahuel denunciaron una violenta agresión de parte de agentes policiales en la Comisaría 12ª de Santo Tomé. Seis agentes del Comando Radioeléctrico fueron imputados como autores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, vejaciones agravadas, allanamiento ilegal y falsedad ideológica. La atribución delictiva fue realizada por los fiscales María Laura Urquiza y Ezequiel Hernández ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Pablo Busaniche, en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los policías fueron detenidos y luego liberados al otro día. El caso fue un escándalo porque los videos de la pareja brutalmente golpeada dentro de la comisaría se viralizó en las redes sociales. Este lunes reclamaron que el Centro de Asistencia Judicial renunció a la representación legal de los jóvenes sin darles motivos y se quedaron sin profesional que los defienda. Además, lamentaron no tener avances en las investigaciones.

María Claudia Albornoz, de La Poderosa, dijo a los medios: “Hace ocho meses fueron torturados por la policía de Santo Tomé en una causa que resonó en la comunidad porque se trata de una pareja gay que recibió castigos en la Comisaría 12ª de esa localidad. Ahora nos enteramos que el Centro de Asistencia Judicial, que se había constituido como querellante renunció. Con la fiscal se habló muy pocas veces. Ahora se plantea para mañana una audiencia con el juez. Esta notificación llega el viernes. Entendemos entonces que hay una cuestión de complicidad para tapar a estos seis policías que quedaron imputados y que ahora sospechamos que en esta situación pueden quedar impunes”.

“Hay pruebas porque por eso los han pasado a disponibilidad, los imputaron y pagaron una fianza. No entendemos cuál es la situación ahora ni por qué los dejan solos, y no hablan con las víctimas”, agregó.

Por su parte, la pareja declaró: “El caso, al contrario de tener avances tuvo un retroceso. Es enorme la cantidad de causas que llegan al CAJ y son muy pocas las que eligen. La de ellos fue elegida pero a los meses renuncian a la querella”.

“No sabemos dónde estamos parados, no tenemos asesoramiento. Fue muy reciente esto que nos pasó con el CAJ. No sabemos cuál fue el motivo que llevó a dejarnos sin patrocinio de ellos y no tenemos mucha información de la causa. No podemos acceder al expediente para saber qué está pasando. No tenemos abogados ya que no podemos solventarlo económicamente. Para eso está el CAJ, y lo que pasó es que nos llegó una carta documento sin motivo alguno. Estamos a la espera de que se nos diga cómo va el curso de la investigación”, agregaron.

Y concluyeron: “Las amenazas que hubo en el momento están en manos de la Justicia. No tenemos amenazas directas, pero sí nos han ocurrido cosas raras. Estamos en el programa de protección a la víctima que es obsoleto y no se cumple lo que corresponde de garantizar la seguridad”.

Fuente: UNO Santa Fe