En el marco de un grave contexto de hechos de violencia relacionados con la inseguridad y con el crimen organizado, desde la Legislatura provincial buscan otorgarle más herramientas al gobierno para afrontar la situación. A través de un proyecto de ley ingresado al Senado santafesino se busca declarar la emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario en todo el territorio provincial. La iniciativa fue impulsada el bloque Lealtad (Alcides Calvo, Ricardo Kaufman, Cristina Berra, Marcos Castelló, Marcelo Lewandowski y Eduardo Rosconi). Se trata de los senadores del PJ que responden al gobernador Omar Perotti.
Si se aprueba la ley, el estado de emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario regiría hasta el 31 de diciembre del 2022, pero podría ser prorrogado por otros 180 días (seis meses). Entre los fundamentos del proyecto, los senadores calificaron de “alarmante” la situación por los reiterados hechos delictivos, particularmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe.
Según se establece en la redacción del proyecto, el objetivo es reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial para abordar las violencias y problemáticas criminales. En tal sentido, el Ministerio de Seguridad quedaría autorizado para modificar la estructura orgánica y funcional de la Policía de Santa Fe. Podría crear, transformar y extinguir o suprimir total o parcialmente funciones y/o dependencias. También podría optimizar o reajustar los recursos humanos, asignando y reasignando funciones, dependencias y destinos a todo el personal de la Policía.
Además, estaría autorizado a afectar –en forma transitoria o definitiva– personal de otras reparticiones de la administración púbica para realizar tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales. Con esto se busca priorizar el destino del personal policial a tareas específicas de seguridad. En materia de incentivo económico, se podrían otorgar –durante la vigencia de la emergencia en seguridad– asignaciones no remunerativas al personal policial que desempeñe funciones críticas. El gobierno deberá optimizar los recursos materiales y los servicios que presta la policía.
El estado de emergencia en seguridad da facultades al Ejecutivo para adquirir recursos materiales para la Policía a los efectos de fortalecerla. En esa dirección se crea el Programa Emergencia en Seguridad, cuyos fondos serán destinados a erogaciones para construcciones, maquinaria y equipos. Esos gastos se financiarán con aportes de rentas generales del Tesoro provincial, recursos del Fondo de Equipamiento Policial, recursos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, aportes del Estado Nacional, de organismos multilaterales, donaciones y legados o subvenciones.
Licitaciones
Por otro lado, la emergencia sube el monto mínimo a partir del cual al gobierno tiene que realizar compras o contrataciones mediante licitaciones o concursos. Para ello, establece como nuevo límite un 50% más de lo establecido en el artículo 36 del presupuesto 2022, que dispone la realización de licitaciones y concursos privados a partir de la suma de 4 millones de pesos y licitaciones privadas de Obras Públicas a partir de los seis millones de pesos. El control de legalidad que debe realizar el Tribunal de Cuentas deberá efectuarse en un plazo de cinco días.
En cuanto al Servicio Penitenciario, el Ministerio de Gobierno y Justicia podría efectuar reestructuraciones del esquema vigente de los suplementos salariales para atender situaciones excepcionales o de riesgo de diferentes reparticiones. En tal sentido, se podría ampliar el número de cargos de planta de personal permanente del Servicio Penitenciario para afrontar labores en nuevas unidades de detención ya creadas o en proceso de construcción como la Sub Unidad 3 de Rosario, la nueva alcaidía del penal de Las Flores II, la Unidad 12 de Rosario, y otros pabellones modulares.
Dentro del personal que podría incorporarse, figuran personal de seguridad y vigilancia, profesionales de la salud, del derecho, de la psicología, psiquiatría y asistentes sociales. Al igual que con respecto a la policía, el Ejecutivo estaría autorizado a realizar compras o reparaciones de vehículos penitenciarios para traslado de internos y de personal, adquirir y reparación el sistema de monitoreo de vigilancia y de otros elementos tecnológicos, y adquirir armamento específico para utilizar dentro de las unidades penitenciarias. También se comprarían proyectiles y elementos de seguridad individuales, como chalecos antibalas, cascos, escudos y elementos de disuasión.
El proyecto de ley también crea el Programa de Emergencia en el Servicio Penitenciario, cuya finalidad es destinar fondos para erogaciones para construcciones, maquinaria y equipos. Se financiará con aportes de rentas generales del tesoro provincial, de organismos multilaterales, y donaciones y legados o subvenciones. La iniciativa presentada por el bloque oficialista de senadores también crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de la emergencia en seguridad y en el Servicio Penitenciario que será integrada por tres senadores y tres diputados.
Entre los fundamentos del proyecto, los legisladores aseguraron que “los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar una acabada respuesta a una situación que excede, holgadamente, a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor”. En cuanto al Servicio Penitenciario, las medidas impulsadas se basan en un informe elaborado por la Plana Mayor del SP en donde se da cuenta de la situación de las diferentes áreas que reflejan la necesidad de tomar medidas: condiciones de seguridad, traslado de presos, cumplimiento de órdenes judiciales, servicios de salud a los internos, condiciones mínimas de habitabilidad para los internos, alimento, higiene, etc.
Necesidad pública, desde marzo de 2020
La ley 13.977 fue sancionada por la Legislatura santafesina en el mes de marzo del 2020 y declaraba el estado de necesidad pública en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad, en la provincia de Santa Fe. Dicha emergencia estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, cuando fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2021. En ese momento, fue prorrogada por otros 90 días.
Fuente: Aire de Santa Fe
