La obra de Optimización de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Santo Tomé podrá hacerse, con una parte del dinero que le corresponde al municipio santotomesino en concepto de plusvalía por el desarrollo urbanístico Santomás: el 10% que por ordenanza debe ser destinado en concepto de Presupuesto Participativo. Esto sin tocar el 5% que tiene que ser volcado reglamentariamente al Distrito de Urbanizaciones Especiales -también identificado como DUE 23 o zona de countries-, donde está construyéndose dicho emprendimiento inmobiliario.

Así lo determinó el Concejo Municipal, al aprobar una resolución de su propia autoría, por la cual autoriza al Ejecutivo santotomesino, por un lado, a firmar el convenio suscripto el 28 de junio de 2021 entre la Municipalidad de Santo Tomé y la empresa Pilay S.A, por el derecho de participación en la captación de la plusvalía generada por Santomás. Y, por el otro, a disponer de ese monto bajo la opción de pago en efectivo, para que el municipio pueda utilizarlo en la ejecución de la mejora de la planta depuradora. Aclarado lo anterior, que podríamos definir por el momento como “el final de la historia” (ya se explicará por qué), bien cabe hacer un repaso de cómo se originó la situación que, de alguna manera, terminó de destrabarse con el reciente dictamen del Cuerpo.

Es necesario puntualizar que el municipio, a través de un proyecto ingresado al Concejo el 24 de septiembre pasado, había solicitado que los dos porcentajes de la plusvalía antes mencionados sean utilizados en la planta depuradora, cuyas instalaciones, inoperativas en la actualidad, están situadas en jurisdicción de la Vecinal General Paz. Según la ordenanza vigente en la materia, la Nº 2.844 con sus modificaciones, deberían ser destinados un 10% al Presupuesto Participativo (por medio del cual todos los vecinos de la ciudad pueden elegir en qué propuesta volcar el dinero en cuestión) y otro 5% exclusivamente a obras de infraestructura en el DUE 23, lugar en el que se lleva adelante Santomás.

MÁS DE 33 MILLONES DE PESOS

La propuesta del Ejecutivo generó un público reclamo de parte de los vecinos de la zona de countries o barrios cerrados, quienes, sintiéndose lisa y claramente perjudicados, hicieron notar, tanto a la intendenta Daniela Qüesta como a los miembros del Cuerpo, que debía cumplirse lo dictaminado por la referida normativa. Paralelamente, vecinos del sector en el que se encuentra situada la planta depuradora, también hicieron públicas las condiciones que deben afrontar desde hace años a causa del estado de abandono de la misma. El Litoral reflejó la posición de ambos sectores en notas publicadas el 30 de octubre y 2 de noviembre últimos.

La plusvalía se calcula a partir del valor de la tierra en bruto, lo que en el caso en cuestión equivale a $ 334.353.558,01, tal cual lo describe el Anexo 1 del proyecto presentado inicialmente al Concejo. Entonces, pasándolo en cifras, quiere decir que el 10% que el municipio podrá derivar a la obra de la planta depuradora, haciendo uso de lo correspondiente al Presupuesto Participativo, es de $ 33.435.355,80, mientras que la inversión en el DUE 23 alcanzará un monto de $ 16.717.677,90. Ello hace que el total de plusvalor generado sea de $ 50.153.033,70.

La Municipalidad de Santo Tomé, tal cual lo requería en el proyecto elevado al órgano de contralor, esperaba contar con esos poco más de 50 millones de pesos para volcarlos en la primera etapa de la recuperación y puesta en valor de las instalaciones de la planta depuradora, presupuestada meses atrás en alrededor de 63 millones de pesos. Ahora no podrá hacerlo, aunque contará con más de 33 millones para ese proyecto. Además, también podrá afectar otras partidas presupuestarias para completar el dinero que le hace falta.

Reconsideración del municipio

Con fecha 1º de noviembre, el Ejecutivo Municipal, mediante nota firmada por la intendenta Qüesta y el secretario de Gobierno, Martín Giménez, le hacía saber a la presidenta del Cuerpo, Gabriela Solano, su intención de retirar del proyecto original elevado por el municipio, y para no poner a los vecinos unos en contra de otros, el segundo artículo del mismo, por el cual solicitaban hacer uso del 5% perteneciente al DUE 23 para destinarlo a la obra de la planta situada en la Vecinal General Paz.

Esta decisión del Ejecutivo, aclara textualmente el escrito dirigido a Solano, “obedece a la imperiosa necesidad de resolver la situación de público conocimiento suscitada a raíz de esta iniciativa, poniendo de manifiesto que nunca fue intención poner a vecinos y vecinas en contra sobre su viabilidad”, y “en el firme convencimiento de que la obra de Optimización del Sistema Operativo de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales es vital para garantizar la prestación del servicio público”.

En el mensaje en cuestión, además, el Estado municipal se comprometía en llevar adelante la readecuación de la planta depuradora por medio de recursos propios, ya sea readecuando el proyecto inicial, o bien desafectando partidas presupuestarias destinadas a otras obras. Justamente, atendiendo a todos los elementos con los que contaba sobre el tema, el Concejo elaboró la resolución antes descripta.

“ESCUCHAMOS A TODOS LOS VECINOS”

El Concejo Municipal llegó a esta decisión, comentó la presidenta del Cuerpo, Gabriela Solano, “después de mantener varias reuniones con vecinos de ambas jurisdicciones y escuchar sus necesidades e inquietudes”, además “de atender al dictamen de la comisión interna de Hacienda, que solicitaba que se destinen los fondos a la obra de la Planta de Líquidos Cloacales y a la vez se cumpla con la ordenanza que indica las mejoras al DUE 23”.

“Me gustaría resaltar y reseñar cómo llegamos a esta instancia de aprobación para que se realice la inversión necesaria y se lleven a cabo las mejoras en la planta”, remarcó Solano. Esta situación, aclaró la concejala, comenzó con la participación de una vecina de la vecinal General Paz que hizo uso de la Banca Nº 10 (“Todos tenemos la palabra”) para describir los problemas de la planta, y finalizó con la participación de los vecinos del DUE 23, que defendían su posición invocando la normativa que rige en la materia. “Es importante haber escuchado a todos los vecinos en general, respetando un concepto integral de ciudad”, redondeó.

Fuente: El Litoral