Estoy en total desacuerdo con la decisión del gobierno nacional hacia el grupo Vicentín porque atenta contra la democracia, desautoriza al Congreso y al poder judicial ignorando la competencia del juez en curso.
Es esta una medida potencialmente peligrosa para nuestra provincia esencialmente agrícola, sustentada en una estrategia de radicalización en medio de una pandemia que inmoviliza a la ciudadanía. Ello va en contra de la democracia misma y hace que el país pierda credibilidad frente a futuros inversores.
La provincia debe estar unida sin distinción de partidos políticos y el gobernador Perotti tiene que involucrase más y ponerse al hombro la causa saliendo en defensa del campo ya que siempre existen alternativas público-privadas para el salvataje de empresa de un sector tan competitivo como el agropecuario.
Esta medida del presidente, expone por un lado la debilidad de liderazgo del mismo y por el otro un marcado atropello a la República y a los ciudadanos.
No hace falta tener demasiada memoria para ver los resultados visibles de algunas empresas estatizadas como Correo Oficial, Belgrano Cargas, Aerolíneas, YPF (entre otras), sin olvidarnos de Ciccone Calcográfica que quedó a medio camino envuelto en medio de un escándalo de corrupción.
Este decreto de intervención y latente proyecto de expropiación es una mala señal en momentos en que la economía necesita certezas y queda al descubierto la falta de rumbo económico sin un plan claro.
Ante todo, debemos sostener y defender la institucionalidad del país y la sustentabilidad de sus empresas.