Una empleada doméstica involucrada en las mega estafas inmobiliarias perpetradas por un grupo de personas lideradas por el abogado Alfonso Storni puso punto final al proceso en su contra a través de un juicio de procedimiento abreviado. Se trata de María Fernanda Guerra, quien transitó el proceso en prisión preventiva domiciliaria, imputada como miembro de asociación ilícita y estafa. La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Delitos Complejos del MPA, permitió detectar que Guerra había actuado como “prestanombre” en varias de las maniobras. La audiencia de juicio abreviado se realizó este martes en la sala 3 de tribunales ante el juez Octavio Silva, y comenzó minutos antes de las 14; el acuerdo lleva la firma de la fiscal Bárbara Ilera, del abogado defensor Héctor Acuña y de la imputada Guerra, quien reconoció su responsabilidad en los hechos atribuidos.
María Fernanda Guerra fue condenada como miembro de asociación ilícita, coautora estafa en dos oportunidades, falsificación de documento privado, falsificación de sellos oficiales y timbrados en dos oportunidades; estafa procesal, participe principal de estafa en once oportunidades. Una de las maniobras desplegadas por Guerra fue haber confeccionado, junto con otro miembro de la organización, un boleto de compra-venta, en donde un hombre le cedió los derechos, acciones y obligaciones de un terreno de 3 hectáreas ubicados en Colastiné Norte y que era propiedad de una mujer fallecida. Dicha operación implicó la utilización de una firma falsa de la mujer fallecida, como también sellados apócrifos.
La maniobra por la que fue condenada Guerra ocurrió con un loteo ubicado en calle Corondas, entre Querandíes y Guaraníes de Colastiné Norte. Aquel terreno tiene una superficie de 3 hectáreas y fue propiedad de María Otilia M. Guerra y otro de los involucrados, firmaron un boleto de compra y venta en donde insertaron sellos apócrifos para simular que cumplieron con sellados fiscales e insertaron una firma falsa de la titular del terreno.
Esta firma fue con el objetivo de demostrar que la propietaria le había cedido al hombre los derechos del loteo el 5 de marzo de 1952. Sin embargo, en esa fecha, María Otilia M. se encontraba internada como “demente recluida” en el hospital Psiquiátrico Moyano de la ciudad de Buenos Aires, en donde permaneció con vida hasta el 10 de mayo de 1959, cuando falleció. La maniobra continuó cuando Guerra, el 24 de agosto del 2015, le otorgó un poder especial al abogado Alfonso Storni para que diera inicio a un juicio de escrituración que tuvo trámite en el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación tribunales de Santa Fe. Guerra fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo y deberá realizar una reparación económica por tres millones y medio de pesos que el MPA distribuirá entre los damnificados. Tras haber pasado ocho meses en prisión preventiva, la mujer cumplirá el resto de la pena en libertad condicional.
Varias condenas
Varios de los involucrados fueron condenados ya a través de juicios abreviados. El primero fue en diciembre de 2024: Emiliano Chacón, que tenía a su cargo la administración de las redes sociales de AS Negocios Inmobiliarios, fue condenado a tres años de prisión y también pagó un resarcimiento económico. Al poco tiempo fue condenado el martillero público Diego Marcelo Parisse, también a tres años de prisión y a reparar económicamente a las víctimas de las maniobras de estafas que lo tuvo como parte. En mayo de 2025 fue condenado el corredor inmobiliario Agustín Storni como miembro de la banda, por ocho hechos de estafa y por falsificar sellos oficiales y timbrados.
El caso
En diciembre de 2024, los abogados Alfonso Storni y Javier Cóceres; el corredor inmobiliario Agustín Storni, el martillero público, Diego Parisse; la empleada doméstica María Fernanda Guerra; y los operadores inmobiliarios Atilio Domingo Di Mattía y Emiliano Lihuel Chacón, fueron detenidos e imputados por conformar una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada dedicada a cometer hechos delictivos de variada naturaleza.
Entre ellos, darle apariencia legal a la venta de terrenos cuya posesión o administración no ostentaban para insertarlos en el mercado inmobiliario. Según la Fiscalía, los detenidos, junto con otros implicados en la causa, confeccionaban boletos de compra-venta o sesiones de derechos falsos o hacían insertar declaraciones falsas en instrumentos privados o públicos. Como, por ejemplo, escrituras de sesiones de derechos u otorgamiento de poderes. La organización, para ejecutar el fraude, montó la agencia inmobiliaria “AS” y “AS Servicios Inmobiliarias” a cargo del corredor Agustín Storni. Por medio de esa firma, ofrecieron lotes por cuentas de redes sociales que en su mayoría eran administradas por Lihuel Chacón.
Tras contactarse con las víctimas, mantenían contactos en distintos domicilios en donde funcionaban las sedes comerciales: Seguí al 1700; 4 de Enero 1000; Bulevar Pellegrini al 2800; en un departamento de la zona del Puerto; Juan de Garay al 2900; 9 de Julio al 1200; Hipólito Irigoyen al 2900. En esos domicilios, los acusados le exhibían a las víctimas planos y documentos y planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado. La investigación permitió corroborar que los integrantes de la asociación ilícita no contaban con autorización de sus legítimos propietarios o poseedores de los lotes involucrados. A su vez, los inmuebles ofrecidos no habían sido ofrecidos como quienes se presentaban como los “transferentes”.
El ardid implicó además que la banda utilizara sellos y documentos oficiales para luego iniciar juicios ante Juzgados Civiles de Santa Fe con el objetivo de ordenar una sentencia para lograr una escrituración de los lotes. Las actividades delictivas desplegadas por la banda fueron calificadas como: asociación ilícita, estafas, ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario, falsificación de documento privado y falsificación de documento público, falsificación de sellos oficiales y timbrados en concurso ideal; estafa procesal.
Fuente: Aire de Santa Fe
