A siete años de las primeras denuncias por contaminación en el Parque Industrial de Sauce Viejo y 16 meses después de que el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, llegara a la Cámara de Federal de Apelaciones de Rosario para que 18 empresarios de siete importantes firmas sean procesados por violar la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, la causa se encuentra virtualmente paralizada, sin ningún avance ante la falta de respuestas de los camaristas.

El caso se inició en 2016, con las primeras denuncias por efluentes contaminantes que eran arrojados desde empresas del Parque Industrial al río Coronda. La situación había sido denunciada por vecinos del barrio Jorge Newbery, que dieron fe de la existencia de fuertes olores y el deterioro de los techos de sus casas provocado por sustancias arrojadas al desagüe que se encuentra sobre el lateral norte, dentro del Parque, que desemboca en el río.

En 2019, el fiscal Rodríguez solicitó que científicos de la Universidad Nacional del Litoral y del Conicet analizaran las muestras recogidas en estos desagües. Entre los contaminantes detectados aparecieron sustancias tan peligrosas para la salud y el ambiente como cromo y plomo. Con estos elementos y luego de haber indagado a 26 personas relacionadas con las empresas sospechadas, en 2021 Walter Rodríguez pidió al juez federal Marcelo Bailaque el procesamiento de 18 empresarios que representaban a siete firmas del Parque Industrial.

Sin embargo, Bailaque rechazó este planteo y dictó la “falta de mérito” para estas personas. Esto significa que, según el magistrado, no había pruebas suficientes para sostener las sospechas por posibles delitos. El 10 de noviembre de ese año, Rodríguez llegó hasta la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para solicitar que se revierta un fallo del juez Bailaque. Según el fiscal, para dictar ese fallo el magistrado solo tomó en cuenta las miradas de los peritos técnicos contratados por cada una de estas firmas de manera particular y dejó de lado la mirada del perito oficial que ratificó la presencia de material contaminante y la posible responsabilidad de las empresas.

De hecho, cuando se realizaron los primeros allanamientos y tomas de muestras de los residuos arrojados por estas empresas hacia el canal pluvial que desemboca en el río Coronda, estas firmas ni siquiera contaban con autorización de volcamiento, lo que refleja “el marco de absoluta e injustificada informalidad” en que veían operando, expresó el fiscal. En su fallo, Bailaque ni siquiera tuvo en cuenta este antecedente. El 19 de diciembre de 2021, Rodríguez solicitó al juez Bailaque una medida cautelar para que se ordene la clausura preventiva de esas bocas contaminantes de manera urgente. Sin embargo, aquella medida nunca se ejecutó.

Pero hay más: en noviembre de 2022, un grupo de policías de Santa Fe que recorrían esta zona del río Coronda, observó nuevamente cómo se vertían líquidos sospechosos. Informaron de la situación a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Martí. Tomaron muestras de los líquidos y los estudios volvieron revelar la presencia de materiales contaminantes por encima de los valores permitidos por la ley. Como dichas muestras se recolectaron desde el exterior del Parque Industrial, no fue posible precisar desde qué empresas provenían. Por tratarse de una posible violación a una ley federal, la fiscal Martí envió este expediente a la Fiscalía Federal 2 de Santa Fe, para sumarlo a la causa que lleva adelante Walter Rodríguez.

En medio de tantas dilaciones y del incumplimiento de la orden de clausurar las bocas contaminantes, los abogados de la mayoría de las empresas denunciadas se pusieron de acuerdo y solicitaron que la causa deje de ser investigada por la Justicia Federal y pase a manos de fiscales del Ministerio Público de la Acusación, que depende de la Provincia de Santa Fe. Este pedido terminó siendo rechazado. La única empresa que decidió acatar la medida cautelar fue PB Leiner, fabricante de gelatinas que no es santafesina, ya que se trata de una multinacional con su casa matriz en Bélgica. Incluso, esta firma realizó inversiones importantes para no afectar el ambiente. Por ese motivo, la empresa fue inmediatamente retirada de la lista de sospechosos por contaminación.

Este lunes 27 de marzo de 2023 se cumple un año, cuatro meses y 17 días desde que el fiscal Rodríguez apelara el fallo del juez federal Marcelo Bailaque, en el que consideró que no existen pruebas suficientes como para procesar a los empresarios. Sin embargo y a pesar del tiempo transcurrido, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario aún no dio ninguna respuesta.

Fuente: Aire de Santa Fe