Lo sostuvo en el marco de la audiencia pública sobre el control y auditoría del Ministerio Público de la Acusación

 

El diputado provincial Fabián Palo Oliver expuso su posición respecto del actual sistema disciplinario de fiscales, imperante a partir de la sanción de las leyes 13.695 y 13.807 que le otorgan la potestad disciplinaria exclusiva a la Legislatura Provincial.

Vale la pena mencionar que el legislador es autor de un proyecto de ley que propone volver al sistema anterior y que la eventual remoción de las y los fiscales y fiscales adjuntos, se realice a través de un mecanismo interno consistente en un proceso administrativo, dentro del ámbito del MPA, con la participación activa de representantes del Colegio de Abogados, de la Legislatura provincial, del Fiscal Regional y, eventualmente, del Fiscal General en caso de empate.

En este sentido, la facultad disciplinaria nuevamente quedaría reservada a un tribunal con representación de diversos sectores y poderes públicos y no concentrada en la Legislatura provincial.

También se le restituye a la Auditoría del MPA su capacidad investigativa y sancionatoria, así como se restituye el plazo de 6 meses para desarrollar el proceso de remoción.

En ese marco, se realizó la audiencia pública en el recinto de la Cámara de Diputadas y Diputados, con la participación de representantes de los más diversos sectores vinculados al tema de debate.

Luego de diversas intervenciones que coincidían en la inconveniencia de mantener el actual sistema de remoción de fiscales, el diputado Palo Oliver hizo uso de la palabra.

“Estamos aquí concretando un debate que no se concretó al momento de la sanción de las leyes cuestionadas que fueron aprobadas sobre tablas sin ninguna justificación respecto de la necesidad y la urgencia para la implementación de ese trámite.

Tampoco se produjo debate parlamentario, ni tratamiento en comisiones.

No se cotejaron los razonamientos, datos y hechos esbozados como fundamentos de las reformas, aún cuando los mismos referían a la eficacia del régimen sancionatorio vigente.

Estoy convencido de que los fiscales no deben sufrir la coacción de gobernantes, legisladores y/o sectores de la política” sostuvo Palo Oliver.

También aseguró que “La sanción de las normas cuestionadas ha dado lugar a una clara intromisión política en la actividad de los fiscales con graves consecuencias institucionales”.

En este mismo sentido, agregó: “Los fiscales y fiscales adjuntos deben contar con las garantías disciplinarias con las que cuentan los magistrados y funcionarios del ministerio público del art. 88 de la Constitución Provincial o con las que cuentan los jueces del art. 91, excepto los integrantes de la Corte Suprema de Justicia cuyo régimen está específicamente determinado.

Debemos adecuar nuestro sistema normativo a esquemas compatibles con los principios rectores establecidos por nuestra Constitución Nacional.

En efecto, su artículo 120 consagra la autonomía del Ministerio Público de la Acusación”.

Más adelante remarcó que: “El esquema vigente, con el avance consagrado sobre la autonomía funcional del MPA ha dejado de lado el texto constitucional provincial, al mismo tiempo provocando en la actualidad un grave desequilibrio en el seno del organismo Este ataque a la institucionalidad, concretado por esta legislatura no presenta antecedente y/o fundamento público alguno”.

Para finalizar, Palo Oliver aseguró: “A la luz de los resultados y las acciones desarrolladas por algunos legisladores cada día confirmo mi certeza que el actual sistema de control sobre el MPA concreta como principal objetivo el amedrentamiento y condicionamiento a los fiscales y demás funcionarios a cargo de investigaciones.

Así las cosas, el diseño institucional es un verdadero obstáculo para la investigación de causas que comprometen a hechos de corrupción, a través de la reserva de potestades discrecionales de manera excluyente y que conllevan a la imposibilidad que los fiscales puedan llevar adelante investigaciones independientes y objetivas, sin temor a represalias personales por parte de integrantes de otros poderes del Estado con facultades para destituirlos.

Los fiscales y fiscales adjuntos deben ser sometidos a procedimientos similar a los previstos para los Jueces. El camino es el respeto a nuestra Constitución Provincial y al bloque constitucional que claramente nos interpela y nos exige posiciones claras y sin dobleces.

En mi condición de Diputado Provincial voy a bregar como lo hice hasta la fecha por la seguridad y la persecución de la actividad delictiva en todas sus formas. Para ello, creo que es fundamental que los fiscales desarrollen su función sin condicionamientos por parte de esta Legislatura”.