El gobierno nacional, la Unión Tranviario Automotor (UTA) y las empresas de transporte vuelven a encontrarse este lunes desde las 17 –en el marco de la conciliación obligatoria- para intentar destrabar el conflicto que tiene como base un reclamo de aumento salarial de los choferes. Además, hay planteos relacionados con la política de subsidios y de las tarifas. Desde hace semanas, UTA advierte que, de no llegar a un acuerdo, los choferes realizarán un paro de 72 horas.

Paralelamente, las empresas y el gremio de los colectiveros acordaron el pago de la suma de 20 mil pesos en dos cuotas, a cuenta del futuro acuerdo salarial. La primera de esas cuotas, fue saldada el viernes. La federación que nuclea al sector empresarial (Fatap) viene reclamando a las provincias mayor compromiso, un aporte igual al de la Nación e incremento de tarifas. “El estado de situación del sistema de transporte de pasajeros requiere de la adopción de acciones urgentes que concreten la responsabilidad que dichas autoridades tienen en relación con el servicio público cuya prestación han concesionado y tienen la obligación de sostener”, señalaron. Además, los empresarios manifestaron su preocupación “ante la falta de respuestas y soluciones a planteos concretos, fundados y justos”.

“En el ámbito del Estado Nacional no hemos encontrado satisfacción a nuestros requerimientos de un incremento sustancial en los aportes cuya insuficiencia hemos acreditado mediante informes técnicos proporcionados a las autoridades competentes”, sostuvieron desde la Federación, a la vez que lamentaron que “tampoco podemos esperar respuestas en este ámbito dado la inconcebible ausencia del Ministerio de Transporte en las últimas audiencias celebradas en este expediente”.

Para los empresarios del sector, los fondos correspondientes al Fondo Compensador del Transporte “son objeto de una distribución tardía, irregular, parcial y carente de toda transparencia”. Para los administradores de las empresas, la forma y los criterios de distribución de los subsidios “ocasionan serios perjuicios a las prestadoras, las que ven severamente dificultada la posibilidad de formular reclamos, atento la carencia de toda explicación técnica que sustente la distribución que se las practica”. “Las jurisdicciones provinciales parecen desinteresarse de la suerte de un sistema destinado a satisfacer las necesidades de movilidad de sus habitantes, a lo que se suma la total ausencia de respuestas y compromisos en la definición de los aportes que están dispuestas a formalizar para garantizar la prestación de los servicios” expresaron desde Fatap.

Fuente: Aire de Santa Fe