Recientemente en Santo Tomé los proteccionistas Patricia Diaz y Mariana Huatti presentaron un amparo judicial contra la Municipalidad por no cumplir con las tareas que prevé la ordenanza 3554/ 2020. Esta medida busca progresivamente terminar con la tracción a sangre equina, sin embargo lejos está de ser así. La presidenta del Instituto de Derecho Animal Natalia Pallavicini es una de las ambientalistas que lucha por esta causa.

Según Pallavicini la ordenanza está vigente desde hace casi tres años y fue votada por unanimidad en el Concejo Municipal y promulgada por el Ejecutivo. Esta prevé una serie de prescripciones en relación al problema de la tracción a sangre equina. “Por un lado establece un sistema de reconversión de la actividad de los recolectores informales, comenzado por la apertura de un registro, para que se inscriban y el municipio dentro de un plazo de la apertura de ese registro de tres años les pueda generar y entregar algún tipo de alternativa al uso del caballo. Que no solamente implica o podría implicar vehículos motorizados sino también otro tipo de alternativa laboral”, precisó.

Transcurridos los tres desde la apertura de ese registro la tracción a sangre debería quedar prohibida en todo Santo Tomé. “El objetivo de la ordenanza es terminar con la tracción a sangre equina. Lo plantea de una manera gradual, dando todo un proceso de adaptación de quienes utilizan a los caballos para la recolección informal del residuos”, señaló la titular del instituto.

“Desde que entró en vigencia esa ordenanza la intendenta de la ciudad de Santo Tomé no ha realizado ninguna de estas tareas”, apuntó Pallavicini. Antes de la presentación del amparo, proteccionistas se acercaron al municipio pero nunca obtuvieron respuestas favorables. En ese entonces desde el Instituto de Derecho Animal generaron una acción llamada “reclamo previo administrativo” ya que corresponde hacerlo previo a un amparo. “No tuvimos respuesta. Volvimos a insistir con un pronto despacho y ahí sí nos respondieron que «en realidad estuvimos atravesando en 2020 y 2021 la pandemia y esto implicó todo lo que es de público conocimiento» pero que ya estaban realizando tareas. No no especificaron qué tareas, no tenemos conocimiento de esto, así que cuando recibimos esta respuesta que la consideramos una excusa porque en definitiva no plantearon ningún tipo de alternativa y también un poco deslizaron esto de que la ordenanza prevé un aplazamiento de tres años pero que tiene que ser materia de consideración del Concejo”, reveló. Tras todas estas instancias decidieron dar por agotada la vía administrativa y decidieron presentar el aparo judicial.

Hace unos cuatro años aproximadamente el Concejo Municipal solicitó un censo para saber la cantidad de caballos y en ese entonces se determinó que había entre 60 y 80 animales que eran utilizados para la tracción a sangre. “Pero la realidad es no hay ningún tipo de números, no se han hecho en la actualidad porque al no haber una voluntad política de implementar la ordenanza tampoco se quiere conocer cuál es población de carreros y caballos”, expresó.

Respecto al estado de los animales que son usados para esta actividad, dijo: “Es muy difícil que un caballo que se utiliza para la tracción a sangre se encuentre en buen estado porque tiene que ver mucho con cómo es la dinámica de utilización del caballo. Sabemos que trabajan muchísimas horas al día, que incluso son alquilados. Muchas veces el “dueño” del animal descansa, termina su jornada pero luego se lo alquila a otro que sale nuevamente”.

La explotación a estos animales es tal que Natalia Pallavicini sostuvo que hay casos de yeguas que trabajan preñadas o con la cría al pie y con condiciones climáticas no favorables. “El hecho de estar todo el tiempo traccionando les impide por supuesto acceder al agua y a la alimentación, que en el caso del caballo tiene que ser en lapsos cortos de tiempo porque tiene un estomago muy pequeño. Y porque necesitan alimentos que hay que poder costear y lógicamente los recolectores informales no tienen para hacerlo”, indicó.

Luego de la presentación del amparo, el municipio tiene un plazo de cinco días para contestarles judicialmente. “Después la jueza tendrá que resolverlo. Esperemos que resuelva favorablemente porque consideramos que no hay ninguna duda que está ordenanza está vigente, incumplida. Pedimos que ordene al municipio que implemente las tareas que prevé la ordenanza”, expresó

Fuente: UNO Santa Fe