Fatap, la federación que representa a las empresas de transporte de pasajeros, y la UTA, el sindicato de choferes, concurrirán este martes a una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación para tratar de saldar el conflicto salarial que la semana pasada derivó en un paro de 48 horas en casi todo el interior del país. Los augurios sobre la posibilidad de un acercamiento entre las partes no son alentadores. Fuentes sindicales, empresariales y gubernamentales coinciden en que “está todo muy verde”. De no haber acuerdo, o ni siquiera una nueva propuesta, la UTA ya tiene mandato de las bases para profundizar el plan de lucha con otra huelga de 48 o 72 horas.

Mientras empresarios y gremio juegan su partido en el ámbito de la cartera laboral, este miércoles aterrizarán en la Cámara de Diputados de Nación los responsables de las áreas de Transporte de todas las provincias. Van allí en nombre del interior a dar la discusión por el presupuesto 2023, donde figura una cifra en materia de subsidios que no satisface para nada a las provincias. Van a pedir a los legisladores que aseguren un incremento superior, pero dentro de una jugada más grande: que ya no haya un fondo compensador para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otro para el interior, sino que sea un fondo único. Esa jugada de fondo busca poder dar la pelea por el reparto del dinero nacional en igualdad de condiciones, de modo que cuando se actualiza para el AMBA también se actualizaría para el resto del país.

Ambas negociaciones van entrelazadas. Los funcionarios de Transporte de las provincias creen que si logran modificar la partida para 2023, esto daría algunas señales de previsibilidad a todo el sistema y facilitaría un acuerdo entre empresarios y gremios teniendo en cuenta que falta poco para que termine 2022. Lo que está claro es que, en materia de subsidios, la Nación no está dispuesta a aportar ni un peso más de los 46 mil millones que se comprometió para este año. Hasta ahora tiene reconducidos 38 mil millones y se espera que habilite los 8 mil millones faltantes para cubrir las necesidades de noviembre y diciembre. En definitiva, hay una especie de juego de espejos entre lo que pasa en el conflicto salarial que dirime el Ministerio de Trabajo y la puja por los subsidios para 2023 que se da en el Congreso. En ese juego las provincias presionan para que la Nación aporte más; y la Nación a la inversa.

La gente sin transporte

La UTA reclama un aumento de sueldos hasta diciembre que acompañe inflación e iguale los salarios de los trabajadores del interior del país con los del AMBA, que arreglaron sueldos que llegarán a los 200 mil pesos en diciembre, bajo la premisa “igual trabajo, igual remuneración”. Las empresas de pasajeros que prestan el servicio urbano e interurbano de corta y media distancia aducen que es imposible afrontar ese incremento si no hay más subsidios o más tarifas.

En ese contexto, Nación y provincia tensionan por quién pone lo que falta para atender el reclamo. La Liga de Gobernadores presiona muy fuerte en ese sentido. Se agarra de la enorme diferencia de atención que el Estado nacional le presta al transporte del AMBA tanto en cantidad de recursos como en involucramiento cuando hay problemas. Se repite que el 85% de las partidas van al AMBA y el 15% restante al resto del país.

La respuesta desde el gobierno nacional es que está al día con los subsidios acordados y que desde la pandemia para acá la masa de subsidios para el interior se incrementó 991%, mientras que la del AMBA es 113% mayor (ver gráfico 1). Aun así, y con aumentos de tarifa que porcentualmente estuvieron un poco por arriba de las del interior, la masa bruta de recursos nacionales favorece ampliamente al AMBA.

Acordar 2023 para resolver 2022

El paro de 48 horas de la semana pasada fue resultado de que ninguna de las partes llevó alguna propuesta nueva a la mesa de negociación. Esa situación no cambió. Distintas fuentes consultadas por AIRE consideraron que no había ninguna conversación o contactos. El conflicto coincide con el debate del Presupuesto 2023 en el Congreso de la Nación. El gobierno previó allí partidas por 66 mil millones en transferencias para el transporte, una cifra 43% mayor que la de este año, pero hay que tener en cuenta que el mismo proyecto de presupuesto proyecta 60% de inflación, y pocos creen que ese pronóstico sea realista. Esos números expresan la voluntad del gobierno nacional de reducir progresivamente –ajuste por inflación de por medio– su participación en la masa de subsidios que sostienen el transporte del interior del país y que las provincias incrementen su participación.

La voz del interior

Todo lo razonable que puedan sonar estos argumentos, son respondidos por las provincias que también incrementaron el financiamiento de los transportes de pasajeros urbanos e interurbanos. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, este año aportará un 100% más de fondos, según el subsecretario de Transportes Osvaldo Miatello. La cifra final es mayor de la que aporta Nación, sostiene. Así las cosas, el sistema de transporte necesita un nuevo esquema de financiamiento ahora que la pandemia quedó atrás y la cantidad de pasajeros se recuperó. El conflicto salarial de los trabajadores es el síntoma de un sistema desfinanciado.

Fuente: Aire de Santa Fe