Mauricio Sebastián Gómez le tiró una olla de agua hirviendo a su pareja a fines de marzo del 2020. Fue de manera intencional en la casa que compartían en Santo Tomé. La mujer resultó herida gravemente con quemaduras del tipo A y B en sus piernas, brazos, abdomen y tórax. De manera tal que terminó internada dos semanas en el Hospital Cullen y requirió curaciones por casi dos meses. El ataque se dio en el marco de más de 20 años de violencia de género. Situación que fue acreditada por las tres hijas que tiene en común la pareja, entre otras personas. Fue imputado en ese momento por “lesiones dolosas calificadas, en un contexto de violencia de género” pero el juez Rodolfo Mingarini le otorgó la libertad con restricciones al agresor en abril de ese mismo año.

Este lunes hubo dos audiencias en la sala 8 de Tribunales contra Gómez de 41 años. La primera fue de prisión preventiva, por haber incumplido las restricciones previamente impuestas por Mingarini. Lo que hizo en contra del mandato judicial fue: contactarse por teléfono de manera habitual con la víctima, aparecerse en su casa y vivir a cuatro cuadras de la mujer cuando tenía que estar a más de mil metros. La medida para que quede preso fue otorgada por el juez Sergio Carraro. Los fiscales que pidieron la prisión fueron Alejandra Del Río Ayala y José Ignacio Suasnabar. Antes, lo imputaron el domingo y fue detenido el viernes.

En una audiencia de medidas cautelares realizada en abril del 2020, Mingarini sostuvo durante su resolución oral: “Más allá de la connotación moral si se quiere, tiene que ver con cuestiones que tienen que ser dirimidas en otro ámbito, en otro fuero, en familia” y que no iba a “a tratar la cuestión”, entre otras frases. Luego manifestó los motivos de su decisión al expresar que como el mínimo de la pena prevista por este tipo de delitos es de tres años, y que menor a ese tiempo la prisión puede ser domiciliaria, entonces no le correspondía la preventiva, desestimando los riesgos planteados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) . Dos meses más tarde esa decisión fue confirmada en segunda instancia por el juez Alejandro Tizón. Este fallo de Mingarini forma parte de la denuncia de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en contra del magistrado. Es uno de los múltiples motivos por el que está suspendido y a la espera de ir a juicio político.

La segunda audiencia de este lunes estaba prevista que sea la del inicio del juicio oral y público contra Gómez y que se desarrollaría durante toda esta semana. Sin embargo, minutos antes de comenzar el imputado decidió junto con su defensor Nicolás Mosconi, acordar un juicio abreviado. En la mañana se redactó, firmaron las partes y finalmente se realizó la audiencia a cargo del juez Pablo Busaniche. Las fiscales fueron Del Río Ayala y Jorgelina Mosser Ferro. Aceptar un juicio abreviado implica que Gómez reconoció ser autor de los hechos de lesiones graves dolosas calificadas por el vínculo en el marco de violencia de género y desobediencia del mandato judicial reiterado en tres oportunidades. Acordaron cinco años de prisión efectiva. Gómez solicitó ser alojado en las instalaciones carcelarias de Santa Felicia.

Una historia de violencia

Antes del ataque con el agua hirviendo, el hombre ya había sido denunciado en una ocasión por una de sus hijas por golpes, único antecedente registrado por el Poder Judicial, aunque sin resolución. Por su parte la familia de la víctima expresó en medios locales que hubo otras denuncias previas en comisarías cinco y dos años antes del ataque más reciente por golpes. Otra parte del contexto es que la mujer era el único sostén económico del hogar, y la agresión de marzo del 2020 en particular se dio durante una discusión en la que ella le pedía a él que trabaje.

En los tribunales santafesinos, la fiscal Del Río Ayala lo imputó por “lesiones dolosas calificadas, en un contexto de violencia de género” y adelantó en esa oportunidad que eventualmente la solicitud sería de una pena de seis años de prisión. Para el MPA el historial de 20 años de una relación que se desarrolló con violencia de género por parte de Gómez como agresor, sumado a su situación de desempleo y dependencia sobre la víctima implicaban un riesgo para la mujer que en ese momento estaba aún internada. También se hizo hincapié en que durante la agresión, el hombre no asistió a la mujer para nada. Y que, aparte, nunca cumplió con las restricciones de pandemia, como muestra de la desobediencia a los mandatos de las autoridades.

La resolución de Mingarini fue apelada por la fiscalía, y llegó al juzgado de Tizón en junio del 2020. Allí se reclamó que Mingarini “no ingresó en el tema de violencia de género y no le permitió al MPA poder abordar sobre la calificante”. La defensa del agresor se opuso a ese planteo. Finalmente Tizón apoyó la decisión de Mingarini en cuestiones técnicas vinculadas a la interpretación del Código Penal sobre los mínimos de penas en relación a las medidas alternativas a la prisión y sobre los peligros en los procesos judiciales, pero en ningún momento el magistrado de segunda instancia analizó, ni mencionó la situación de la víctima por el hecho ni la violencia de género acreditada.

Escándalo

Mingarini se dio a conocer en todo el país como juez de primera instancia por una escandalosa resolución, que UNO Santa Fe hizo pública el 3 de junio del 2021. De manera oral en una audiencia de medidas cautelares liberó con restricciones a un imputado de abuso sexual porque había usado preservativo. La actuación llevó a una denuncia colectiva de 20 diputadas provinciales para que sea investigado por la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo hizo la mesa Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres. La Corte Suprema por su parte ordenó una investigación que estuvo a cargo de Tizón, quien solicitó actuaciones administrativas contra Mingarini. Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Género de Santa Fe le pidió a través de un comunicado público a la Corte Suprema que Mingarini vaya a jury.

Mingarini fue suspendido de sus funciones el 7 de septiembre del 2021 por decisión unánime de los diez miembros del tribunal de enjuiciamiento a jueces. Va hacia un juicio político que debería ser celebrado este año, aunque aún no hubo avances ni se puso fecha. Será juzgado por ese mismo tribunal a partir de una investigación y denuncia de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia a cargo de Jorge Barraguirre. El procurador solicitó el año pasado el juzgamiento del magistrado por “su forma de razonar, expresarse y decidir” por incumplir normas que regulan la función judicial y porque sus decisiones judiciales “forman parte de la cultura de la violación”.

Fuente: UNO Santa Fe