A partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía de Santa Fe, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la EPE (Empresa Provincial de la Energía), se detectaron más de 15.000 usuarios que cometían posibles abusos o fraudes en el marco del programa Tarifa Social, por lo que se tomó la decisión de darlos de baja.
Según el ministro de Economía, Pablo Olivares, estos abusos o fraudes representaron una pérdida de hasta 2.000 millones de pesos mensuales para la Provincia, el equivalente a un nuevo Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé durante una gestión, o la construcción del tercer carril en toda la autopista Santa Fe – Rosario durante cuatro años. Olivares advirtió que los descuentos que obtenían estos 15.000 clientes de la EPE eran compensados todos los meses con fondos del Tesoro de la Provincia, “es decir, a esto lo financiamos entre todos”.
Según el ministro, se encontraron diferentes modalidades de fraudes o abusos:
Personas cuyos ingresos encuadran en el programa Tarifa Social, pero que tienen un consumo de energía cinco o seis veces mayor al promedio del resto de las familias tipo que no gozan de subsidios.
Familias que utilizaron el nombre de un jubilado para obtener el subsidio, pero que “al abuelo lo mandaron a vivir a otro lugar”.
Familias que lograron el alta de la EPE a nombre de un jubilado, pero luego pusieron el inmueble en alquiler.
Inmuebles donde se paga Tarifa Social, pero en el lugar funciona una actividad comercial.
“A partir de ahora, a los beneficiarios de la Tarifa Social de la EPE se les va a exigir que estén inscriptos en el Rase (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), porque en muchos casos no encuadran para recibir subsidios nacionales, pero sí gozan de la Tarifa Social de la EPE en la provincia”, adelantó Olivares.
El objetivo del programa de Tarifa Social es garantizar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos. La diferencia entre lo que paga un usuario con tarifa social y el costo real del servicio es absorbida por el Estado provincial. Por este motivo, los controles implementados buscan eficiencia en la asignación de recursos públicos y justicia distributiva, para evitar que los excesos de unos sean financiados por el esfuerzo de todos los santafesinos.
Abusos en la Tarifa Social de la EPE
Además de los casos mencionados, se identificaron situaciones que evidencian el mal uso del espíritu del beneficio. Por ejemplo:
• El consumo promedio de un hogar ronda los 700/800 kW bimestrales. Sin embargo, se detectaron consumos de hasta 6.500 kW en barrios residenciales, con facturas por $ 1.477.057. En ese caso, el usuario pagó $ 1.028.237, mientras que el Estado debió cubrir $ 448.820 como parte del subsidio.
• En Funes, un usuario con tarifa social consumió 3.000 kW y pagó sólo $ 17.584 sobre un total de $ 720.000, lo que obligó al Estado a subsidiar $ 703.083.
• Solamente en uno de los circuitos de medición, durante el mes de abril, se registraron 13 usuarios con tarifa social y consumos superiores a los 5.000 Kw, con facturas que oscilaron entre $ 1.000.000 y $ 1.500.000. En total, el Gobierno provincial debió compensar $ 4.681.000.
• También se detectaron beneficiarios registrados tributariamente ante ARCA como Responsables Inscriptos, es decir, personas que desarrollan actividades económicas, tributan en el régimen general y deben liquidar impuestos como IVA y Ganancias.
• Las irregularidades detectadas también incluyeron casos, en donde personas jubiladas, a quienes se les había asignado la tarifa social, ya no se encontraban viviendo en el domicilio declarado.
Desde el Gobierno de Santa Fe informaron que en los próximos días se intensificarán los controles para garantizar el uso adecuado del beneficio, que tiene como objetivo asegurar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos.
