Ante la posibilidad que la Provincia implemente un pasaporte sanitario para el acceso a lugares de gran afluencia, como locales gastronómicos, cines y teatros, entre otros, el abogado constitucionalista, Domingo Rondina, señaló que la medida implicaría ciertos reparos legales, en tanto, sin acceso universal a la vacuna, “no se podrían imponer sanciones sobre algo que no se puede obtener”.
El letrado explicó que, durante esta etapa, en que la vacunación no es obligatoria, no sería coherente penar o prohibir a quienes no han manifestado su voluntad de inoculación, en tanto, “se corría el riesgo de castigar al que no puede con el que no quiere vacunarse”, dijo al aire de Cadena OH!.
Recientemente, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, estimó que una vez que se termine de vacunar a la población mayor de 18 años en el territorio santafesino podría implementarse un certificado o pasaporte de vacunación como estrategia ante la situación extraordinaria impuesta por la pandemia. “No hay una posibilidad de restricciones y confinamientos eternas, por lo cual hay que ensayar herramientas que tienen que ver con las dos cuestiones que vienen siendo marcados no solo en el país sino en el mundo, que son la vacunación y la disciplina en cuanto a las medidas de higiene y distanciamiento”.
Para Rondina, las políticas públicas en materia de inoculación, deberían apuntar al estímulo y no a la sanción, por lo que prohibir el ingreso a espacios con gran afluencia de público para los no inmunizados, traería contradicciones legales. “Cuando todo el mundo tenga posibilidad de vacunarse, estaríamos ante otro panorama, donde se podrían limitar algunos derechos para los que no quieran vacunarse, pero no derechos esenciales. Sin embargo, mientras tanto, no se puede obligar algo que no se puede acceder”, concluyó.
Fuente: Sin Mordaza
