La defensa fracasó en un operativo para desplazar al fiscal federal Walter Rodríguez de una causa que investiga a 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo -entre ellos el vicepresidente del grupo Clarin Héctor Mario Aranda y el ex titular de la Unión Industrial de Santa Fe Javier Johnny Martín- por supuesta “contaminación ambiental peligrosa para la salud” y mandar el legajo al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el ámbito del fiscal regional Carlos Arietti. El juez federal Marcelo Bailaque –a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe- rechazó el planteo de cuatro abogados defensores de doce de los imputados y ratificó la competencia del fuero federal. El resultado del incidente es clave porque el miércoles que viene arrancan las 26 indagatorias –que Bailaque ordenó en diciembre- y se extenderán hasta el 6 de mayo, según fuentes seguras. La ronda de imputaciones incluirá no sólo a Aranda sino también a otros dos directivos de Artes Gráficas del Litoral (AGL), Pablo Andrés Fiasconaro y Luis Enrique Carrara, la empresa que integran Clarín y el diario El Litoral. Y al presidente de Central Puerto SA, Osvaldo Arturo Reca, el grupo que opera la Central Termoeléctrica Brigadier López que Mauricio Macri le entregó a su amigo, Nicolás Caputo, hoy radicado en Estados Unidos.

Bailaque desestimó el planteo de los imputados en un fallo de casi 20 páginas, al que tuvo acceso Rosario/12. La defensa apeló ante la Cámara Federal de Rosario, pero el recurso no frena las indagatorias que comenzarán esta semana. Las audiencias están previstas para los miércoles y jueves: el 21, 22, 28 y 29 de abril y el 5 y 6 de mayo. El juez resolvió el incidente en tono expeditivo. “Comparto lo dictaminado por el señor fiscal federal, a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad y doy aquí por reproducidos, a fin de evitar mayores transcripciones innecesarias”, dijo. Por lo tanto, rechazó el “planteo de incompetencia” y decidió que la causa siga en el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe que Bailaque subroga desde que se jubiló su titular, Francisco Miño.

Rodríguez se opuso a que el legajo pase al MPA –al dominio de Arietti- porque lo que investiga es el supuesto “delito de contaminación ambiental de un modo peligroso para la salud”, producido por “efluentes líquidos de actividades industriales” que vuelcan al río Coronda. “Se ha constatado la presencia de residuos definidos como peligrosos en los términos de la ley”, explicó. El “recurso ambiental afectado” es el río Coronda y si bien es “un río interno de la provincia”, pertenece a la cuenca del Paraná y al delta que comprende a Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Y citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que definen la competencia en causas que investigan “la contaminación con residuos peligrosos o patológicos de un cauce de agua interno provincial, cuando éste pertenece a una cuenca hídrica interjurisdiccional”. La competencia es federal cuando “la contaminación investigada pueda afectar otros cursos de agua” interprovinciales.

Según la doctrina de la Corte –precisó el fiscal- “puede tenerse por acreditada la efectiva degradación interjurisdiccional en aquellos casos, como el presente” en el que “está en juego la naturaleza integral e interdependiente de la cuenca hídrica, definida como una unidad ambiental de gestión, a la luz de los principios precautorio y preventivo del derecho ambiental”. “El río Coronda es un afluente del Paraná” y éste forma “el denominado Delta del Paraná. En la investigación, se encontraron en un canal a cielo abierto del Parque Industrial de Sauce Viejo “parámetros que superan el grado de tolerancia normativa: DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), SSEE (sustancias solubles en éter etílico), sulfuros y coliformes fecales”. El director del Instituto Nacional de Limnología –que depende del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral-, Agustín Collins dijo que habían observado “una alta concentración de materia orgánica que va a generar problemas de eutrofización en el río Coronda con potenciales crecimientos de algas que generan toxinas. También se observa valores muy altos en coliformes fecales que pueden provocar enfermedades gastroentéricas”.

En esa línea, mencionó también el fallo de la Cámara Federal (Sala A) que confirmó la competencia del fuero en un amparo por la quema de pastizales en las islas de Victoria, en el Delta del Paraná, que afectan a Rosario. “Las islas forman parte de un inmenso humedal que alberga una importante diversidad biológica y configura un ecosistema vulnerable que merece ser urgentemente protegido a fin de evitar un mayor daño al medio ambiente de la región”, resolvió la Cámara con el voto de los jueces Aníbal Pineda, José Toledo y Fernando Barbará.

Fuente: Página 12