En la sesión ordinaria que tuvo lugar el pasado martes 29 en el ámbito del Honorable Concejo Municipal de Santo Tomé el ex concejal por el justicialismo Sergio Ripoll dijo presente en el recinto para hacer uso de la décima banca y plantear ante los actuales legisladores su preocupación por una serie de situaciones que se plantean en torno a la llegada a nuestra ciudad del nuevo servicio de agua potable. En este sentido, todavía siguen existiendo múltiples incógnitas en torno a la manera en la que el acueducto Desvío Arijón funcionará en Santo Tomé pero también respecto de cómo se determinará la tarifa que los vecinos deberán abonar por este nuevo servicio. Una de las principales cuestiones planteadas por Ripoll está vinculada a la falta de contemplación de las tarifas sociales para jubilados, discapacitados e instituciones, un tema que a su criterio merece ser analizado y debatido a fondo en forma inmediata.

Al momento de tomar la palabra frente a los concejales santotomesinos, Sergio Ripoll indicó: “Nosotros hoy estamos muy preocupados porque a través de datos extraoficiales e incluso oficiales nos llega la información de que la capacidad del acueducto no sería suficiente para proveer de agua a toda la ciudad. En función de eso nos preocupa mucho la forma en la cual se determina el costo del servicio, cuestión que quedaría en manos de la Provincia a través del mecanismo que se conoce como “costo medio promedio”, lo cual quedó aprobado por este mismo Concejo a mediados del año pasado. Según establece esa misma normativa, el costo del servicio del agua se va a actualizar según criterios que se irán analizando en el momento que sea preciso aunque no está escrito ni especificado como sería conveniente”.

En otro tramo de su alocución, y profundizando en el impacto económico que la nueva taifa del agua puede producir tanto en los vecinos como en el Municipio, el ex concejal justicialista comentó: “Por lo que sabemos nosotros el sistema funciona a partir de que al final del mes el municipio va a tener registrado cuanto se debe pagar por el servicio y en caso de no llegar a cubrir el monto automáticamente se retiene dinero de la coparticipación. Esto último es algo que nos preocupa habida cuenta de que el presupuesto municipal está influenciado en cuanto a los recursos y en un gran porcentaje por fondos que vienen de otras jurisdicciones. En caso de incumplimiento o de deuda podrían afectar en el transcurso del tiempo las finanzas del municipio. Es por eso que decimos que cuando se analiza esta situación debemos hacerlo desde el vecino pero también desde el estado, porque por un lado está la capacidad económica del vecino para hacer frente a esa tarifa de agua pero por el otro también está el tema del financiamiento y la implicancia que puede llegar a tener en el ámbito del municipio”.

Tarifas sociales

Posteriormente, Sergio Ripoll hizo referencia a que este nuevo servicio de agua es controlado en términos económicos por el estado provincial, quitando facultades al municipio y dejando de lado los beneficios existentes para determinados usuarios del mismo. Al respecto, quien ocupó la banca 10 del Concejo explicó: “Cuando nosotros decimos que hay una serie de recursos que a partir de este nuevo sistema de distribución de agua se van a dejar de utilizar es porque efectivamente hay productos, herramientas y hasta maquinaria que efectivamente el municipio va a dejar de poner en el sistema porque el agua ya viene tratada. El análisis que uno debe hacer al respecto es que hay una transferencia definitiva en el valor del metro cúbico hacia la provincia. Nosotros perdemos la posibilidad de decidir al respecto en el futuro, quedando todo en manos del gobierno provincial. Hay una situación particular que se presenta en la normativa que se propone y que tiene que ver con cuestiones sociales que deben ser atendidas como es el caso de los jubilados y el monto mínimo que deben pagar. Uno cree que el valor mínimo debe cobrarse teniendo en cuenta la actual valoración de una jubilación mínima e incluso hasta de dos, porque hay casos en donde una sola no alcanza”.

Antes de terminar, y haciendo foco en esta última situación que se plantea, Ripoll concluyó: “Más allá del caso de las jubilaciones, no está contemplado ningún otro tipo de ejemplo de tarifa social como pueden ser los discapacitados, las instituciones de bien público o de interés social con actividades que tengan mucho consumo de agua o situaciones parecidas. Si uno revisa la manera en la que trabaja la empresa de agua, se puede ver que la misma firma completa todo el recorrido desde la captación hasta la distribución de la misma. En esos casos como en la ciudad de Santa Fe, está prevista una tarifa social, y es por eso que creemos que situaciones que ameriten que se contemple una tarifa de estas características. Actualmente no vemos que eso esté tenido en cuenta, quedando fuera del radio de algún tipo de ayuda todos estos casos que creo que merecen ser observados con detenimiento”.