Uno de los imputados como miembro de la banda que planificó y ejecutó dos robos en el country Altos de la Ribera (en febrero de 2021) solicitó la excarcelación. El juez Gustavo Urdiales rechazó el pedido tras considerar que el riesgo de fuga continúa vigente. La defensa de Ezequiel Sebastián Bárcena -a cargo del abogado Ángelo Rossini- solicitó la revisión de la prisión preventiva en la que se encuentra desde julio del año pasado y ofreció una serie de medidas alternativas, que fueron consideradas “insuficientes” por el juez. El mecánico es investigado por las fiscales Gabriela Arri y Lucila Nuzzo, quienes oportunamente le atribuyeron la participación en calidad de “miembro de una asociación ilícita”, y la coautoría de dos “robos calificados por escalamiento y por haber sido cometidos en poblado y en banda”.

“Un Guasón”

Los argumentos del defensor se centraron en el transcurso del tiempo, la proporcionalidad de la medida (Bárcena ya lleva 7 meses y medio preso) y en que un juez de Cañada de Gómez levantó la cautelar de máxima que se le había impuesto en la causa que tramita en esa jurisdicción (también por asociación ilícita, sumado a 9 robos). “Se lo pintaba como un Guasón que tenía hechos en Rosario, en Cañada de Gómez y en Santa Fe, que se fueron cayendo” dijo Rossini respecto de su cliente. En las primeras dos causas se lo sigue investigando, aunque se le otorgó la libertad, “solo nos queda Santa Fe”. Mencionó, además, la falta de antecedentes penales de su cliente y ofreció una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva: fijar domicilio en su casa de Cañada de Gómez, una prohibición de salir de dicha ciudad, el impedimento de contacto con las víctimas y una fianza de $ 300.000.

Evidencias incriminatorias

Las fiscales Nuzzo y Arri se opusieron a la pretensión de la defensa y señalaron que se trata de “una investigación compleja” en el marco de la cual “se produjo mucho caudal probatorio”, y que no ha habido tiempos muertos. Además, agregaron que “las causas no se fueron cayendo, como dijo el defensor”, sino que Bárcena continúa siendo investigado en otras jurisdicciones y se cuenta con pruebas en su contra. “La fiscalía pudo comprobar que el jefe de la organización -Damián Barrionuevo-, aún detenido en la cárcel de Coronda, seguía en contacto con los imputados que están en libertad, dando órdenes. Esta es una banda que tiene recursos (económicos y materiales), aun con el jefe privado de su libertad”, y a esto se le suma que dos de sus integrantes están prófugos. Para las funcionarias “la soltura de Bárcena complicaría aún más la situación”.

Además, mencionaron que hasta el momento “no ha surgido ninguna evidencia que pueda conmover la situación procesal de Bárcena”, sino que de hecho se han recopilado pruebas que lo incriminan, como por ejemplo las declaraciones de dos miembros de la banda que lo involucraron directamente. “No es un tiempo ocioso el de la prisión preventiva del imputado, sino que es útil para avanzar en la investigación”, resaltaron. En cuanto a los riesgos procesales, consideraron que continúan vigentes y solo la reclusión de Bárcena podría aplacarlos. Sobre todo al de fuga, teniendo en cuenta que cuando fue requerido en el marco de otra causa (la de Cañada de Gómez), lejos de presentarse ante la justicia el imputado se mantuvo prófugo durante 3 meses, y de hecho fue durante ese tiempo que cometió los dos robos en Santa Fe.

Delinquir y quedar impunes

La complejidad de la causa y la existencia de prófugos fueron puntos clave de la resolución del juez Gustavo Urdiales, que determinó que la única manera de cautelar el proceso es a través de la prisión preventiva y señaló que “la causa está viva, no se encuentra con períodos muertos, la investigación está en marcha y hay pericias vigentes y numerosas diligencias a realizar”. “Se trata de una causa en la que se investiga una logística especial… que a su vez da cuenta de una organización, no solamente para delinquir, sino también para quedar impunes en los hechos que se le achacan”, destacó el magistrado, que no descartó que -debido a los recursos y el nivel de organización de la banda- ya hayan logrado la impunidad en algunos hechos. “Esto da cuenta que una medida como una fianza de $ 300.000 sería insuficiente para considerar que el imputado pudiera transitar el proceso en libertad”, y lo mismo surge respecto a las otras restricciones propuestas. Con estos fundamentos, el juez rechazó la solicitud de excarcelación promovida por la defensa.

PRÓFUGOS

Actualmente hay dos personas, ambas de nacionalidad chilena, con pedido de captura en el marco de la investigación.

Fuente: El Litoral