En momentos que palabras como herencia y transición abundan para referir al traspaso de gobierno provincial en diciembre, una de las cuestiones que más atención despierta en Rosario y Santa Fe es el destino que tendrán los programas sociales que involucran fuertes recursos fiscales para las áreas de infraestructura urbana, sanitaria y educativa, que alcanzaron algunos resultados auspiciosos en cuanto a reducción de conflictividad urbana y mejoras en convivencia.

La gran incógnita es el destino que concibe el gobernador electo Omar Perotti para programas como el Plan Abre, el Nueva Oportunidad que involucra a 13 mil jóvenes en capacitación para empleos apuntando a sectores alcanzados por conflictos penales y las intervenciones integrales en barrios por problemas de seguridad pública, en donde actúan fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) junto con reparticiones de las áreas de desarrollo social de la provincia.

Aplicadas en contextos difíciles y degradados a nivel urbano, estas iniciativas de intervención urbana lograron, aunque incipientes, alentadores resultados en las dos mayores ciudades de la provincia, generando algunos efectos beneficiosos en barrios castigados por factores comunes: mercados fragmentados de drogas en disputa por pequeñas bandas, problemas de inclusión social y vacíos de presencia institucional que alimentan la amenaza para los vecinos. El Plan Abre se aplicó en 66 barrios de Santa Fe, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez y Santo Tomé. Se hicieron conexiones de luz segura, ampliación de agua potable y desagües cloacales. En los 17 barrios alcanzados por el Abre Familia el 100 por ciento de los niños acude al nivel inicial y el 100 por ciento de las embarazadas se realizaron controles periódicos en centros de salud.

Las políticas sociales generan construcción de ciudadanía pero además producen un impacto en la conciencia sobre su valor, lo que las convierte en una plataforma difícil de remover, más allá de las alternancias políticas. Pasó de hecho con la asignación universal por hijo, o con la moratoria que permitió jubilarse a trabajadores que no habían completado aportes, incorporados durante el gobierno de Cristina Fernández pero mantenidos por Mauricio Macri, en cuanto su aplicación fue una ampliación ciudadana de derechos.     “Suponemos que de darles continuidad el gobierno provincial entrante les dará su impronta a los programas. Probablemente cambien algunos nombres y también sus matices. Pero sería positivo para la comunidad su mantenimiento, porque según evaluaciones externas se producen impactos positivos y avances que son para los vecinos”, dijo Gustavo Zignago, actual secretario general de la Municipalidad de Rosario.

Las acciones integrales del Plan Abre, como las que en Santa Fe se hicieron en el barrio Coronel Dorrego, merecieron el espaldarazo del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que tomó entrevistas a 230 hogares cuando se iniciaba el proyecto en 2014 en Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez.  El Abre interviene sobre tres andariveles: mejora del hábitat y equipamiento barrial, fortalecer las redes sociales para mejorar la seguridad comunitaria y Abre Familia, que valoriza aspectos sociales y empleo. Los encuestadores consultaron a las mismas 230 familias en Rosario cinco años después. Encontraron que el 70 por ciento afirmó que su situación económica había empeorado.

Fuente: Aire de Santa Fe