El reciente video de Sauce Viejo volvió a instalar en la agenda el debate sobre el maltrato animal y su tratamiento judicial. La especialista en derecho animal, Natalia Pallavicini, advirtió que además del análisis penal hay una dimensión social que no puede pasarse por alto. “Más allá de lo jurídico, es como que de alguna manera nos interpela a hacernos otras preguntas, ¿no?, por qué suceden estas cosas”, planteó, y agregó: “Cualquier ciudadano que vio ese video sintió mínimo indignación”.
Consultada sobre si el fenómeno creció, fue prudente: “Yo no sé si diría que hay más casos de maltrato animal que antes”, pero subrayó que hoy se visibiliza porque hace unos 10 o 15 años estaba más naturalizado: “Se veía como más una cuestión como más privada”. En ese punto valoró el rol de los medios, a los que definió como “una herramienta fundamental para los que trabajamos por los derechos de los animales”.
También remarcó que la reacción social cambió y que “hoy es la ciudadanía, el vecino, el ciudadano de a pie, o la ciudadana, que ve esta situación y que de alguna manera interviene, lo visibiliza”, además del trabajo de las ONG. Sobre el caso concreto destacó: “Dos chicos que venían en bicicleta podrían haber seguido de largo y sin embargo intervinieron. Esto es una buena señal”.
En cuanto al abordaje judicial, aclaró: “Lo que falta es que las autoridades hagan lo que corresponde y que los jueces apliquen la ley para que este caso no quede impune, porque eso sí está pasando: tenemos escasos condenas por maltrato animal”.
Pallavicini repasó el marco normativo: “Nosotros tenemos una ley que es la 14346, es una ley penal, y lo que hace esta ley es categorizar determinados hechos de violencia, según sean de maltrato o de crueldad, y lo eleva a la categoría de delito penal”. Sobre el castigo sostuvo: “Esta ley tiene una pena entre 15 días a un año apostamos que la pena sea mayor. Pero no deja de ser delito”. Y destacó su valor institucional: “Contamos con una herramienta que permite a la ciudadanía denunciar”.
En ese sentido remarcó la importancia de formalizar la denuncia. Explicó que se realiza en comisarías o en centros territoriales de denuncia y precisó que la persona “tiene que concurrir con su DNI, exponer cuál es la situación”. Aclaró además: “No es un obstáculo a la denuncia que no se sepa o que no se conozcan los datos de la persona… eso no es un impedimento”.
Después del registro del hecho, “interviene la Fiscalía, que tiene que dar inicio a la investigación penal preparatoria”. Y reiteró: “No es un impedimento que no sepamos quién es la persona porque luego la fiscalía tiene como obligación investigar”.
Fuente: LT10
