El magistrado consideró válido lo acordado entre las partes, y dictó la prisión preventiva para Verónica D., mientras se avanza en un procedimiento abreviado por varios hechos de hurtos calificados por participación de menor de edad y como miembro de asociación ilícita; mientras que las imputadas Micaela R. y Antonela D. firmaron sendos acuerdos de procedimientos abreviados y serán condenadas una vez que queden firmes. Micaela R. pasará tres años en prisión domiciliaria (por ser madre de un niño menor de tres años) por los delitos de encubrimiento agravado, falsa denuncia, miembro de asociación ilícita y hurto agravado por participa de un menor de edad; mientras que Antonela D. cumplirá un año de prisión en suspenso como coautora de hurto calificado por la participación de un menor de edad. Así, las mujeres reconocen su participación en los hurtos y también en la banda que cometió el robo en el country La Ribera, situación determinante para avanzar en la causa que tiene a tres hombres imputados desde el mes de marzo.

Golpe millonario

El robo investigado se perpetró el feriado extra largo del carnaval, el pasado 15 y 16 de febrero; en una de las viviendas del country Altos de la Ribera, los ladrones forcejaron una caja fuerte en la que había miles de dólares, joyas y elementos de valor personal. Por el robo se abrió una investigación comandada por las fiscales Arri y Nuzzo que dio sus frutos un mes después, cuando tras cuatro allanamientos, los investigadores de la AIC lograron la detención de los principales sospechosos: Damián Barrionuevo y el ingeniero químico, Germán Bustos. En ese entonces también se detuvo al custodio de una empresa de seguridad del barrio privado, Sebastián Coria, quien está próximo a ser desvinculado de la causa.

De los tres, solo Barrionuevo quedó detenido con prisión preventiva tras una resolución que dictó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Héctor Gabriel Candioti, quien además dispuso que Bustos transite la causa en libertad tras poner como garantía una caución por un monto de cuatro millones de pesos. No obstante, le prohibió que salga del país. La misma medida ordenó el magistrado para el vigilador Coria. Aquella resolución se dio el 16 de marzo en una audiencia que tuvo lugar en el subsuelo de tribunales y en donde las fiscales además destacaron que por la causa aún restaban ser detenidos dos miembros más de la banda, dos hombres de nacionalidad chilena.

Avances

Los avances en la investigación permitieron a las fiscales detectar no sólo la participación de dos mujeres más en la asociación ilícita, sino también la intención de la banda de concretar otro golpe millonario: a través de una serie de pesquisas y escuchas telefónicas, se supo que el objetivo de la asociación era robar las arcas de una conocida financiera y casa de cambios de la ciudad, ubicada en pleno centro. En ese lugar las fiscales habían requisado una caja de ahorro contratada por uno de los miembros de la banda; la sospecha original de los investigadores es que allí se iba a guardar el botín robado del country, sin embargo, la intención era otra: conocer los secretos del lugar para la comisión de otro golpe delictivo. A raíz de estos avances, las fiscales solicitaron revisar las medidas alternativas a la prisión preventiva otorgadas al ingeniero Bustos en el mes de marzo, y en la audiencia develaron el plan criminal. Sin embargo, el juez José Luis García Troiano no dio lugar al pedido de prisión de las fiscales y Bustos sigue libre bajo fianza.

Fuentes de la investigación confirmaron a Aire Digital que las fiscales apelarán la resolución de García Troiano por considerar que el magistrado realizó una valoración errónea y contradictoria de la nueva evidencia ventilada en la audiencia. Por un lado, el juez avaló el rol de organizador del ingeniero Bustos en la banda, pero por otro lado consideró que las comunicaciones que mantuvo con el imputado Barrionuevo, ya en prisión, dos veces por semana fueron porque Bustos tenía la “voluntad viciada” por sentirse amedrentado. En tanto, las fiscales pudieron corroborar que la asociación ilícita además cuenta con registro legal como sociedad anónima desde diciembre del 2020, bajo el nombre de Malcom SA, como una empresa dedicada al fraccionamiento de alimentos secos, donde Barrionuevo figura como presidente y Bustos como director.

En junio de 2019, Bustos ya había recibido una advertencia por parte de la ASSAl (la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria), según fue publicado en el Boletín Oficial el 24 de junio de 2019, a raíz de un programa de monitoreo, en relación a la comercialización de una serie de productos marca Hardy por no cumplir con la normativa vigente. La ASSAl constató que el Registro Nacional de Establecimientos se correspondía con la razón social de Germán Darío Bustos, y que no tenía inscritos los productos mencionados; además desde el 11 de diciembre de 2018 se encontraba clausurado por orden de la ASSAl, por lo que no podía desarrollar ninguna actividad vinculada a la elaboración y/o fraccionamiento de alimentos.