Un camillero de 37 años identificado como Matías De La Peña quedó en prisión preventiva este martes, imputado como autor de una serie de estafas millonarias en perjuicio de tres exparejas y una amiga. La medida fue resuelta por el juez Leandro Lazzarini en una audiencia realizada este mediodía en la sala 1 de tribunales.
Antes del desarrollo de la audiencia, las cuatro mujeres declararon ante el juez e hicieron hincapié en el daño económico y en la salud que les ocasionaron las estafas.
La investigación está a cargo de la fiscal del MPA Yanina Tolosa, quien reclamó el encarcelamiento preventivo de De La Peña; en tanto, la defensora pública Virginia Segado había reclamado medidas alternativas a la prisión preventiva.
Estafas
Tolosa repasó los cuatro hechos imputados a De La Peña, estafas cometidas “por abuso de confianza y suplantación de identidad”, para acceder a préstamos bancarios y tarjetas de crédito a nombre de las víctimas. El gasto total de la maniobra es cercano a los 70 millones de pesos, y dejó a las damnificadas en grave riesgo crediticio. Las mujeres brindaron declaraciones similares en relación a cómo estas maniobras las afectaron en su vida cotidiana, su situación económica y su salud, tanto física como psicológica.
Según la investigación, De La Peña lograba hacerse de los datos personales de las mujeres, sus documentos de identidad e incluso fotos a través de engaños: a una de ellas le dijo que necesitaba que sea su garante para comprarse un auto, a otra le dijo que quería abrir una caja de seguridad para guardar una escritura. Cuando las víctimas se anoticiaban de las deudas millonarias en cuentas y tarjetas de crédito a su nombre, el vínculo con De La Peña ya había terminado meses atrás.
Tolosa sostuvo que la primera de las víctimas en denunciar no lo vinculó directamente al hombre: primero denunció el extravío de su DNI y contrató una abogada para solucionar las deudas generadas en entidades bancarias de las que no era cliente. Cuando en uno de ellos reconoció el nombre de De La Peña como adherente de la cuenta, lo vinculó con los hechos y aportó su nombre a la investigación. La fiscal destacó que cuando las mujeres comenzaban a sospechar de De La Peña, o a reclamarle el dinero, el hombre reaccionaba de manera violenta, las amenazaba y las insultaba.
A una de ellas, que había solicitado un préstamo para una presunta inversión que el imputado nunca hizo, le dijo que iba a denunciarla por hostigamiento. “Hay estafa, hay engaño, hay ardid, hay suplantación de identidad, actuó igual con todas las víctimas, y cuando declararon, todas lo describieron igual: primero ganando su confianza, y luego mintiendo y engañando”, remarcó Tolosa. La fiscal repasó algunas de las compras realizadas por De La Peña, a los que calificó como “gastos voraces”: gastos en aplicaciones de delivery y de autos de alquiler, casino, pasajes aéreos, una paleta de paddle, una bicicleta…
Pena de prisión y riesgos procesales
Para fundamentar el pedido de prisión preventiva, la fiscal sostuvo que reclamará una pena de prisión de cumplimiento efectivo, a pesar de que De La Peña no cuenta con antecedentes condenatorios y que la pena por las estafas atribuidas tiene un mínimo de un mes y un máximo de 24 años. Tolosa sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento probatorio porque las víctimas del caso son todas mujeres vulnerables, que vieron afectada su salud a partir de estos hechos: padecen angustia, ansiedad, miedo, sentimiento de culpa, autorreproche, nerviosismo constante, tratamiento psicofarmacológico. La fiscal destacó que hay una quinta mujer, hoy testigo y probable víctima, que aportó información importante a la causa, quien no se había animado a denunciarlo por temor. Se trata de otra expareja del imputado, con quien se comunicó desde una cuenta de Facebook a las pocas horas de ser detenido.
A su turno, la defensora pública Segado solicitó la excarcelación de De La Peña y cuestionó la imputación de estafas; la defensora aludió a una conversación con el imputado, que no declaró en la audiencia, según el cual las tarjetas y los préstamos habían sido solicitados en acuerdo con las mujeres, que no hubo engaño ni abuso de confianza. Segado propuso medidas alternativas a la prisión preventiva por considerar que no existe riesgo de fuga (tiene arraigo familiar y laboral) ni entorpecimiento probatorio: todas las víctimas ya declararon y las medidas de prueba (informes bancarios, resúmenes, pericias, etcétera) ya fueron realizadas.
Prisión preventiva
Al momento de resolver, el juez Lazzarini analizó si los hechos ocurrieron como sostiene la Fiscalía, o como sostuvo la defensa. Para el magistrado, un dato relevante para responder esto es la cantidad de víctimas: cuatro personas que denunciaron hechos similares en momentos diferentes; además, hubo intercambio de mensajes que demostraron la desconfianza de las víctimas y los engaños de De La Peña. “Quizás en algunos casos intentó saldar las deudas, o algunas cuotas, y ante el conflicto o reclamo de las víctimas manifestó dichos amenazantes y denigrantes a las víctimas”, valoró el juez.
Al momento de analizar la pena en expectativa y la posibilidad que sea una condena de ejecución condicional, el magistrado valoró la pluralidad de hechos, la magnitud del daño económico y emocional y que se aprovechó de un vínculo de confianza; además, analizó que las maniobras generaron consecuencias en la economía y en la salud de las damnificadas. Lazzarini entendió que si bien no puede considerarse la existencia del riesgo de fuga, sí existe el riesgo de entorpecimiento probatorio por las actitudes que demostró el imputado con las víctimas de los hechos y la importancia del daño a resarcir, por lo que impuso la prisión preventiva a De La Peña
Fuente: Aire de Santa Fe
