La Justicia rechazó este viernes un nuevo pedido de la fiscalía para que el ingeniero santafesino Germán Darío Bustos (35) permanezca detenido mientras se investiga su responsabilidad como jefe de una asociación ilícita, con despliegue territorial en varios puntos de la provincia y responsable de importantes golpes delictivos, entre los que resalta el robo al country Altos de la Ribera, en Santo Tomé, en febrero pasado. Bustos asistió a los tribunales acompañado por su abogado particular Sebastián Oroño, para una audiencia llamada “del artículo 225” para la revisión de la prisión preventiva, solicitada por las fiscales María Lucila Nuzzo y María Gabriela Arri, que están al frente de la investigación.  Ambas argumentaron ampliamente sobre los riesgos procesales existentes para la investigación con Bustos en libertad, sin embargo, el juez José Luis García Troiano optó por mantener la decisión adoptada por su par Héctor Gabriel Candioti a mediados de marzo, cuando le concedió al ingeniero alternativas a la prisión preventiva, bajo una fianza de $ 4.000.000.

Rol principal

Para la fiscalía, está claro que Bustos es junto con Damián Barrionuevo -quien sí permanece privado de la libertad- el “organizador de la asociación ilícita” y así lo habría entendido el juez García Troiano, basado fundamentalmente en las escuchas telefónicas, donde el profesional cobra un rol preponderante dirigiendo y convocando a los restantes miembros de la banda. Puntualmente, existen escuchas y un video de una agencia de cambio del microcentro local, que muestra que Bustos había contratado una caja de seguridad, no para resguardar valores personales, sino para poder acceder al lugar libremente y sin sospechas, a los fines de hacer la “inteligencia” para dar un golpe que se frustró con el desbaratamiento de la banda. Gestiones administrativas, escrituras públicas, alquileres, compra de insumos, todo pasaba por la mano de Bustos que, asimismo, logró convencer al magistrado -llanto mediante- de que había sido utilizado como instrumento y que muchas de las cosas que hizo fueron, con “la voluntad viciada”, bajo presión u amenazas.

Entre lágrimas

Este viernes, la defensa de Bustos solicitó la salida del público de la sala de audiencias para que su pupilo pudiera declarar en soledad. Y si bien se esperaban algunas revelaciones, éste sólo aprovechó la oportunidad para derramar algunas lágrimas y reconocer que volvió a mantener contacto con miembros de la banda, a través de terceras personas, a los fines de pagar una deuda que él tenía con Barrionuevo y utilizó la siempre noble frase de que “se sentía amenazado”.  En definitiva, Bustos reconoció ante García Troiano que a pesar de las prohibiciones de contacto, “le pagó (a Barrionuevo) porque tuvo miedo” y según dichos de la propia defensa, “lo que le pasó a Bustos fue la mala suerte de hacer negocios con Barrionuevo”, que previo a formar parte de la banda que robó en el country Altos de la Ribera, ya era un hombre del hampa.

La banda de “las teens”

La revisión de la prisión preventiva para el ingeniero Bustos se desarrolló 24 horas después de que fueran imputadas dos jóvenes mujeres, sindicadas como “la banda de las teens”, pero que también tenían vínculos con la banda del robo al country. Una mujer de 37 años y otra de 21 fueron imputadas el jueves como integrantes de la asociación ilícita investigada por dos robos cometidos en viviendas del country Altos de la Ribera. La atribución delictiva fue realizada por las fiscales Nuzzo y Arri en una audiencia ante el juez Jorge Patrizi.

Las fiscales del MPA informaron que “a la mayor de las imputadas –de iniciales VMSD– se le atribuyó ser quien hacía de nexo entre los dos hombres que son investigados como jefe y como organizador de la banda criminal”. En tal sentido, explicaron que “la mujer recibía sistemáticamente pagos semanales en nombre del jefe y mantenía contacto telefónico con el organizador”. En relación a la otra imputada, de iniciales MGR, las fiscales sostuvieron que “era quien, a pedido del jefe de la banda o de la otra mujer imputada, retiraba el dinero en efectivo correspondiente a los pagos semanales –y lo ocultaba– que hacía el hombre investigado como organizador desde que el jefe de la banda quedó privado de su libertad”.

Fuente: El Litoral