La brutal muerte de Jorge Bachelli (el niño de 3 años asesinado en Santo Tomé por los golpes propinados por su madre biológica y su padrastro, Carlos Pérez) generó una gran conmoción social. Este suceso motivó a indagar, por un lado, en los hechos de violencia familiar y de género que atraviesan a esta comunidad, y por el otro, todo lo que envuelve al entorno de “Jorgito”. Para ello, El Litoral se acercó hasta la Secretaría de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y habló con su titular, Natalia Angulo, quien estuvo acompañada por la coordinadora de Políticas de Género y Violencia Familiar, Carina Depaoli.

Núcleo familiar “complejo”

De acuerdo a lo asegurado por las entrevistadas, en el área no existían antecedentes de intervenciones en el caso “Jorgito”. Aunque había registros de ayudas espontáneas, es decir trámites de recursos comunes que la gente suele solicitar. No obstante, el contexto intrafamiliar de Carlos Pérez y su entorno sí estaba monitoreado, y desde hace mucho tiempo. “Tenemos antecedentes de trabajo con ellos desde el año 2009, ya que son un amplio y conflictivo grupo familiar de barrio Libertad… incluso se han tomado medidas de protección excepcional con niños de ese núcleo atravesado por la violencia familiar, el consumo abusivo y el delito”, afirmó Natalia Angulo.

“Es más, se intervino en situaciones de vulneración de derechos que terminaron con la separación de niños de esa familia que se institucionalizaron y no fueron restituidos nunca más”, especificó, ratificando que si bien hay registro de los Pérez, “no podemos decir nada de la mamá de Jorge Bachelli porque no hay antecedentes”. Sin embargo, Angulo dio cuenta de que esta mujer no hacía mucho que vivía en Santo Tomé y había un control de los pequeños en un Centro de Salud del barrio.  “Ella es de Santa Fe capital, de hecho los registros de controles médicos de los niños se hacían allí”, señaló la secretaria municipal. En cuanto a los Pérez, recordó que nunca fue fácil trabajar con ellos “porque son de los grupos que no adhieren a ningún tipo de sugerencia y acompañamiento”.

Sobre este tema, Depaoli sumó su posición y desmitificó esa “fantasía” que indica que “porque somos el Estado, podemos hacer lo que se nos plazca con las personas. Hay leyes, y estamos trabajando con sujetos de derecho que a veces nos permiten la entrada y a veces no”, expresó tajante.  “Aquellas familias rodeadas por lo delictivo y los consumos problemáticos, tienen la facilidad de esconderse del Estado, de evadirlo, están fuera de todo sistema y por más que uno intente, hay casos que directamente no se pueden tratar porque ellos mismos no te dejan”, disparó la coordinadora del Área de Género. Luego, remarcaron que después de la muerte del pequeño de 3 años, tuvieron un contacto más con el caso, pero siempre enmarcado en el trabajo que encara la Subsecretaría de Niñez, organismo provincial que se ocupa del hecho por ser el nivel de intervención más complejo.

Fuente: El Litoral.