El próximo 10 de diciembre asumirá en sus funciones el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y ya empezaron a conocerse los ejes de las políticas que piensa aplicar en los próximos cuatro años. En materia de seguridad, la clave estará en la reorganización del funcionamiento de las comisarías y el rol de los efectivos policiales, la ley de narcomenudeo y la declaración de la emergencia en seguridad. Además, se pretende darle mayor celeridad al trabajo de los fiscales. Otro de los objetivos es renovar la Corte Suprema de Justicia. El punto nodal es lograr la sanción de la ley de narcomenudeo. “La ley de Narcomenudeo permitiría que en las pequeñas causas no pasen a la Justicia Federal, lo que relentiza el proceso y evita que se pueda avanzar en la persecución del delito”, dijo el periodista.

Distintas fuentes consultadas por AIRE coincidieron en que la nueva gestión impulsará el debate relacionado con una ley que permita perseguir al microtráfico desde la provincia de Santa Fe. En este sentido, no parece que existan demasiados contratiempos para avanzar en la discusión legislativa, ya que el próximo gobernador contará con mayorías en ambas cámaras. De todos modos, el proyecto de ley que se promoverá desde Santa Fe será diferente al que aprobó Córdoba en su momento.

La nueva gestión está convencida de que la sola aprobación de esta ley no servirá de mucho, si no se encuadra en un paquete de reformas más amplias. Para esto se requiere un conjunto de reglas especiales, una estructuración diferente de la policía y de las fiscalías, con objetivos claros en cuanto a política criminal. En la provincia de Córdoba se creó la Fuerza Policial Antinarcótico (FPA) que depende de los fiscales y del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de perseguir al narcotráfico en general y al microtráfico en particular. En Santa Fe, en cambio, la idea es que la ley de narcomenudeo apunte de manera más específica a reducir los niveles de violencia barriales. Esto significa atacar el bunker, encontrar al puntero de venta de drogas de la plaza, al que vende en una escuela, a la banda que porta armas y lucha por territorios: “Haremos una utilización selectiva de las herramientas para bajar la violencia”, remarcó una fuente relacionada con la futura gestión. Por otro lado, también se intentará avanzar con la sanción de la ley de Emergencia en Seguridad lo que permite acelerar los procesos de compra de armas, de tecnología y equipamiento, teniendo en cuenta que el proceso de compra y de licitaciones públicas es lento.

Respecto al funcionamiento de las comisarías, Miró comento que desde la cartera de Seguridad – que será encabezada por Pablo Cococcioni- se buscará replicar una política que se comenzó a implementar cuando Pullaro fue ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz: el cierre de comisarías. “En Rosario se habían armado supercomisarías, que eran construcciones más grandes en diferentes puntos de la ciudad que servía para patrullar las zonas y se sacaba del trato diario del delito al comisario y las comisarías. Eran viejas estructuras. Así, se dejaban las comisarías para el trabajo administrativo. Ese proceso quedó a medias y quedó algo disfuncional”, dijo el corresponsal de AIRE, quien agregó: “Hoy hay muchos barrios en las zonas complejas por el narcodelito donde hay muchas denuncias de comisarías que se convirtieron en gestoras del delito”. Sobre los patrulleros, el periodista indicó que “en Rosario sorprende la cantidad de patrulleros rotos o en malas condiciones. Hay 300 patrulleros abandonados en un galpón”.

Cortocircuito con el MPA

Por otro lado, sobre la relación con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se supo que las declaraciones de Pullaro respecto a las labores investigativas “hicieron ruido”. Según Miró, desde el MPA señalaron que se vieron obligados a responder mediante un comunicado “porque nos chicanearon”. En cambio, desde el entorno de Pullaro dicen que hay que reordenar el trabajo de los fiscales y darles celeridad. “Tenemos fiscales que hacen trabajo administrativo. Hace falta más personal administrativo para liberar el trabajo de los fiscales”, aseguran.