En una entrevista con AIRE, Rodríguez explicó que, tras una revisión detallada, se han encontrado casos sorprendentes de defraudación al sistema de tarifas sociales. “Jubilados, fallecidos, inmuebles en alquiler, locales comerciales y propiedades de alto valor patrimonial son algunos de los casos más insólitos que hemos encontrado”, indicó Rodríguez. Uno de los principales abusos identificados fue el falseamiento de datos en las declaraciones juradas, que permitieron a estos usuarios acceder a la tarifa social destinada a quienes realmente lo necesitan. “Estas personas falsearon datos sobre sus inmuebles y su situación económica, lo que les permitió beneficiarse de un subsidio que no les correspondía”, detalló Rodríguez.

Como consecuencia de estos hallazgos, la EPE decidió cortar inmediatamente el beneficio de la tarifa social a los implicados. Además, se están evaluando medidas administrativas y judiciales, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Economía. “Vamos a recurrir a la justicia penal para aquellos que merezcan enfrentar consecuencias legales”, aseguró Rodríguez.

Controles y eficiencia en el uso de recursos

Rodríguez resaltó la importancia de la eficiencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto de aumento de tarifas y de una creciente demanda de energía eléctrica. “Todo el esfuerzo que hacemos para optimizar la EPE se traduce en inversiones en obras públicas que beneficiarán a todos los santafesinos”, subrayó. El abuso de la tarifa social también genera un impacto negativo en la infraestructura energética. Rodríguez explicó que el consumo excesivo de energía por parte de estos usuarios contribuye a fallas en el sistema eléctrico, afectando la calidad del servicio. “El derroche de energía tiene consecuencias directas sobre el servicio, especialmente durante los picos de consumo en verano e invierno”, destacó.