La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la provincia de Santa Fe en su reclamo de coparticipación contra el Estado nacional. Se trata de dos expedientes paralelos en los que se debían establecer los montos totales y la forma de pago de una sentencia de 2015 que firmó el máximo tribunal, pero cuya ejecución se fue dilatando en el tiempo, y que representó un reclamo por más de $ 86.000 millones. Exactamente, se le deberán devolver a Santa Fe $ 54.023.114.304 millones por una causa y $ 14.036.708.553 por la otra. Y otros $ 18.000 millones por una queja radicada en la Corte en 2009.

La decisión surge horas después de que el ministro de Justicia Martín Soria visitara por primera vez en ocho meses a los jueces en el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano y se despachara con duras críticas hacia el funcionamiento de la Justicia y de la propia Corte Suprema. Como trasfondo, además, se encuentra la presentación del Gobierno de un proyecto ante el Congreso para que se trate la reforma del Consejo de la Magistratura.

El gobernador Omar Perotti brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía provincial, Walter Agosto. También realizó un repaso cronológico de este prolongado reclamo que mantenía la provincia de Santa Fe con el gobierno Nacional, luego el mandatario brindó declaraciones a la prensa al respecto y manifestó: “Es el tema central que tomamos desde el inicio de la gestión para darle la fortaleza que entendíamos que esta situación reclamaba para la provincia de Santa Fe”.

Posteriormente, el gobernador habilitó a la prensa a realizar preguntas al respeto. Un periodista consultó Perotti cuál es el monto que será otorgado a la provincia y el gobernador respondió: “Es un cálculo que hay que analizar fríamente, porque dependerá de cuando se haya hecho el corte. Estimamos que supera los 1000 millones de pesos. En los próximos días el ministerio de Economía realizará las estimaciones con toda la rigurosidad que nos llevará a hacer la presentación formal ante la Jefatura del Gabinete de la Nación”.

El gobierno de Santa Fe formalizó ante la Corte la semana pasada su reclamo para que se establezcan pautas de cómo se tiene que liquidar la millonaria deuda que el Estado mantiene con la provincia que gobierna el peronista Omar Perotti, de diálogo fluido con el Ejecutivo nacional.

El pedido rebotó rápidamente y tuvo recepción en el máximo tribunal, que hace seis años, poco después de que Mauricio Macri se impusiera en las elecciones presidenciales, había decidido que se les dejara de percibir a Santa Fe, Córdoba y San Luis el 15% de coparticipación con el que se financiaba a ANSeS y el 1,9% que se les quitaba por AFIP, y que además se estableciera un plazo de 120 días para negociar términos y plazos de pago de las sumas retenidas a las provincias.

Así, siguiendo los reclamos por AFIP y ANSeS, se trata de de dos expedientes separados en los que, como a la fecha la deuda continuaba impaga, el máximo tribunal se abocó a resolver el tema de la liquidación, indicaron fuentes judiciales. Entre ambos pagos, se superan los $ 68.000 millones que deberá abonar el Estado nacional a la provincia.

La resolución la firmaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En la misma destacaron, en primer término, que las sentencias de fondo del año 2015 “tuvieron el firme propósito de que las partes convinieran y determinaran tanto la cuantía de la condena como la forma y plazos de su cumplimiento”.

Sin embargo, sostienen “habiendo transcurrido seis años y a pesar, incluso, del compromiso común asumido expresamente en el Consenso Fiscal de 2017 ese propósito no se ha alcanzado, lo cual coloca nuevamente al Tribunal en la situación de tener que decidir acerca de la cuantía de la condena de restitución de los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente a la Provincia”.

Y concluyen: “Dicho esto, se decide, respecto de la tasa de interés aplicable, hacer lugar a la impugnación efectuada por el Estado Nacional y, en consecuencia, aplicar la tasa pasiva del BCRA –y no la activa del Banco Nación como pretendía la provincia-, por remisión al precedente “San Luis” –Fallos:342:85- sustancialmente análogo”.

“A diferencia de ello, no se hace lugar al pedido del Estado Nacional de aplicar la tasa del 6,72 nominal anual y, para fundarlo, la Corte señala que dicho porcentaje no fue previsto por las partes en el Consenso Fiscal para la situación de los juicios con sentencia firme, sino que éstos tuvieron un tratamiento particular”. Por el mismo motivo, la Corte entiende que “tampoco puede ser admitida la interpretación del Estado Nacional según la cual la aceptación de los títulos por parte de Santa Fe habría significado la conformidad de esta última en cuanto a la aplicación de la tasa, aunque aclara que tal conclusión no implica valoración alguna acerca de los alcances del compromiso de reintegro asumido por la actora allí”.

Por último, el máximo tribunal desestima el pedido del Estado demandado consistente en que se establezca una reducción prudencial de la cantidad resultante de la liquidación en función del “crecimiento proporcionalmente mayor en las prestaciones que la ANSES tuvo a su cargo en la provincia durante todo el período”.

El caso San Luis como antecedente

Tras el Pacto Fiscal de 2017 firmado por el gobierno de Macri, se les restituyeron recursos a los gobernadores, pero nunca se resolvió la cuestión de fondo judicial que reclamaban San Luis y Santa Fe. En el caso del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, no se adhirió al acuerdo con Nación, mientras que el santafesino, que encabezaba el socialista Miguel Lifschitz sí lo hizo. Así, los tiempos para San Luis fueron más rápidos y en marzo de este año el Gobierno nacional acordó el pago de una deuda de $ 25.749 millones, en bonos.

El caso de Santa Fe se prolongó más y el gobierno de Perotti, del propio Frente de Todos, recurrió de nuevo a la Corte por una deuda que ascendía a unos $ 100.000 millones. La Corte definió que se le deben pagar $ 68.000 millones por quita de recursos y remitió otro expediente de 2009 en el que resolvió que se le reintegren otros $ 18.000 millones.

Fuente: Clarín