La semana pasada, el Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional sobre Reforma Previsional, que ahora deberá ser tratado en Diputados. Esta reforma modifica el modo en que se aumentan las jubilaciones, planteando un gran interrogante respecto de si estas variaciones realmente son convenientes para aquellas personas que son titulares de jubilaciones y pensiones. En las últimas horas quien se refirió públicamente a esta situación fue Julián Ilchischen, actual referente del justicialismo en Santo Tomé y con experiencia en la temática por las tareas laborales desarrolladas en la anterior gestión de gobierno a nivel nacional. En este marco, Ilchischen fue contundente al señalar que la mencionada reforma perjudica a casi 10 mil jubilados santotomesinos, dejando en evidencia su disconformismo con la manera en la que está planteada.

En su comunicado, Ilchischen manifestó: “Actualmente y desde el año 2008 con la Ley 26.417, la movilidad jubilatoria es establecida por una fórmula que toma en cuenta dos componentes: 1) el promedio de las variaciones en los recursos tributarios del Sistema Previsional; y 2) el índice general de salarios determinado por el INDEC, o la variación del RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), tomando la que sea más favorable. El texto de la reforma que emitió el Senado indica una fórmula muy distinta, que se integra en un 30 % por el RIPTE y el restante 70 % por el índice de precios al consumidor que determine el INDEC”. Siguiendo con su evaluación de la reforma propuesta por la administración que encabeza Mauricio Macri, quien fuera candidato a concejal en los últimos comicios señaló que “también se modifica la periodicidad de los aumentos, que pasarían de ser semestrales (marzo y septiembre) a trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre). Pero el problema es que la reforma prevé que para calcular el incremento de marzo de 2018, por ejemplo, en vez de realizarse según la variación del período de junio a diciembre de 2017 –como lo es actualmente-, que fue del 12 %; se hará según el período de junio a septiembre del año pasado, que fue sólo del 5,7 %. Esto significará, por lo tanto, un atraso de hasta 6 meses en el ajuste de los haberes. Hoy el haber mínimo es de $7.246. En marzo de 2018, con el sistema vigente, alcanzaría los $8.226. Pero con la nueva fórmula, llegaría sólo a $7.660”.

Más adelante, y siguiendo con la explicación de los efectos que la polémica variación  produce sobre el bolsillo de los jubilados, Ilchischen indicó: “Cabe aclarar que la reforma también establece el 82 % del salario mínimo vital y móvil (SMVM) para las jubilaciones mínimas, pero sólo si cuentan con 30 años de aportes efectivos y sin haberse acogido a ninguna moratoria. Esta innovación, a priori, aparece como beneficiosa. Pero en enero de 2018 el SMVM acordado por el Consejo del Salario será de $9.500. Por lo que el haber jubilatorio mínimo, con el 82 %, sería entonces de $7.790. Sigue siendo inferior a los $8.226 de la fórmula actual. Además, se aplicaría únicamente a las jubilaciones mínimas. O sea que una jubilada que gana $10.000, no recibirá el 82 %; y con el sistema actual tendría que cobrar en marzo $1.200 de aumento, pero según el proyecto que aprobó el Senado, recibirá sólo $570 de incremento”. Antes de terminar, y poniendo esta problemática en cifras concretas y actuales en nuestra ciudad, Ilchischen concluyó: “En la ciudad de Santo Tomé, donde hay más de 10.000 titulares de jubilaciones y pensiones nacionales, la reforma implicaría, además de un perjuicio a nivel individual para cada una de estas personas, que dejen de ingresar de manera indirecta unos $6 millones a la localidad. Lo que pretende el Gobierno es, por lo tanto, aplicar una medida regresiva que reduce el poder adquisitivo empeorando la calidad de vida de quienes forman parte del sector pasivo de nuestra sociedad y más necesitan el apoyo del Estado”.