Además, se deben sumar otras 782 motos en el periodo comprendido desde abril hasta octubre, en operativos realizados en tres turnos del día, en distintos puntos de la ciudad, y donde se destaca que más de 400 fueron retenidas por tener pedido de secuestro activo. “Aspiramos a que esta política pública, además de apuntar a la disminución en la cantidad de delitos, tenga un impacto positivo en el ordenamiento del tránsito, que sabemos será paulatino y a largo plazo”, explicó el funcionario en AIRE.
El número se amplía todavía más cuando se suman los operativos conjuntos entre la Municipalidad de Santa Fe y Santo Tomé. En relación a la primera ciudad, se trata de 1.970, mientras que para la segunda fueron 479. De esa manera, el total de vehículos secuestrados en los últimos seis meses fue de 4.968. “Vemos una disminución sostenida de delitos predatorios cometidos con motovehículos, a partir del tercer mes alcanza el 45%”, remarcó Fernández y agregó que “el número es muy importante, no encontramos otra política pública que permita disminuir en tan poco tiempo el delito”.
Los tres puntos clave del decreto que permite a la Policía retener motos
1- El decreto 460 establece que desde ahora los policías “podrán en la vía pública y al momento de realizar las tareas de identificación de personas que circulen en motovehículos, disponer la retención de los mismos cuando quien lo conduce no pueda acreditar la titularidad del dominio o de su legítima posesión o autorización de uso”.
2- Al momento de efectuar las tareas de identificación de las personas que circulen en motos, no será necesario que esté acompañado por agentes municipales en el marco de un operativo de control.
3- La coordinación con los gobiernos locales estará en manos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. A partir de ahora, la Provincia deberá firmar convenios con los respectivos municipios para implementar las nuevas disposiciones. En estas situaciones, se deberá informar “de manera inmediata a las autoridades locales para que tomen la intervención que les compete a los fines de la identificación de los motovehículos y su remisión, en su caso y si correspondiere, al depósito local”.Entre los argumentos del decreto, el Gobierno considera que es “imperiosa la necesidad del control policial sobre este tipo de vehículos, que han sido utilizados como medio de transporte por criminales durante la comisión de hechos delictivos y, puntualmente, de intimidación pública y abuso de armas de fuego contra edificios públicos, entidades y domicilios particulares en la ciudad de Rosario”.
“Que se advierte en el informe de la Policía de Santa Fe “Análisis de Delitos Predatorios” la preeminencia de tal modalidad en hechos delictivos en la vía pública registrados en las ciudades de Rosario y Santa Fe” y que esta circunstancia es posible “porque este tipo de vehículos posee alta capacidad para la huida a diferencia de otros, permite la circulación en cualquier tipo de terreno independientemente del material de los caminos o de sus dimensiones, lo que fomenta su elección como medio de transporte para la comisión de distintos tipos de delitos que atentan contra la vida, la propiedad y la paz social”.
Si bien el artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito, a la que adhiere la Provincia, establece que la retención preventiva de un motovehículo es potestad exclusiva de los municipios en los ejidos urbanos, esto “no debe entenderse como una limitación al accionar de la policía en materia de prevención de delitos”. El decreto aclara que estas medidas “no invaden ni se contraponen con el poder de policía municipal de índole netamente contravencional; por lo que tampoco exige ni toma obligatoria la actuación conjunta de la Policía de la Provincia con los inspectores municipales”.
Fuente: Aire de Santa Fe
