Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia pública del Observatorio de víctimas del delito de la Cámara de Diputados de Santa Fe, en la que comenzaron a debatirse dos proyectos que buscan garantizar los derechos y garantías de las víctimas de la inseguridad. En la actividad se vieron representados todos los sectores del Estado que tienen incumbencia en el aspecto judicial y político. Al respecto, vale señalar que existe un amplio consenso político e institucional para sancionar a la brevedad una medida que permita garantizar los derechos de quienes hayan sido víctima de un delito. Del encuentro, que se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Santa Fe, participaron los diputados provinciales y autores de las iniciativas, Oscar “Cachi” Martínez (PJ) y Pablo Farías (FPCyS), el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, el presidente del Colegio de Abogados, Andrés Abramovich, el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, el fiscal general, Jorge Baclini y el Defensor del Pueblo adjunto, Jorge Henn.

En contacto con la prensa el coordinador del Observatorio de Víctimas del Delito, Cachi Martínez, destacó que “el objetivo es avanzar con una ley de derechos y garantías de víctimas de delitos. Hay un universo de miles de santafesinos necesitando acceder a un servicio de justicia y a tener una reparación integral por tener que estar atravesada por un delito y por la incapacidad del Estado en garantizar seguridad”. “Hay que terminar con la impunidad y que los que violan la ley penal tengan sanción”, resaltó el legislador mientras valoró “el trabajo y esfuerzo de todas las áreas de gestión y la sensibilidad de todos los poderes, sumado al reclamo de las víctimas y sus familiares y las asociaciones de víctimas”. Según se informó, en las audiencias públicas se promoverá la participación y el aporte de todos los sectores como los abogados, los psicólogos y los asistentes sociales.

“Buscamos construir una ley y un mecanismo institucional y financiero para dar respuesta a estas personas que están en situación de vulnerabilidad”, explicó Martínez quien aseguró que “significa mejorar la calidad institucional y avanzar el desarrollo del servicio de justicia”. Otra de las propuestas hechas por el diputado del PJ es brindar un servicio de representación judicial en los procesos penales. “He planteado la necesidad de modificar el Código de Procedimiento Penal estableciendo la representación gratuita y obligatoria de las víctimas de delitos graves”, comentó. “Es justo que las víctimas participen en las instancias determinantes de los procedimientos judiciales”, opinó. Martínez adelantó, además, que se buscará consensuar la modificación del Código de Procedimiento Penal Juvenil.

Por su parte, Pablo Farías, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja aseguró que “están dadas las condiciones para trabajar y tener un texto unificado” para aprobar “una ley específica para el tratamiento y el cuidado de los derechos de las víctimas”. “Es importante garantizar a las víctimas todo el proceso que tienen que pasar tras sufrir un delito. Desde que sucede el hecho hasta las etapas del proceso penal y hasta que se cumpla la condena del autor del delito. Son todos derechos que hay que cuidar”, dijo. Sobre la búsqueda del consenso político para aprobar la iniciativa, Farías reconoció que “hay diferencias” pero confió en que “se pueden salvar y acordar texto unificado”.

Ejemplo de consenso

Quien también dialogó con la prensa fue el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia quien resaltó la búsqueda de acuerdo para abordar políticas de Estado. “Es un ejemplo de que los consensos sobre los temas trascendentes que atraviesan a la sociedad se pueden hacer con trabajo en conjunto” y vinculó la instancia de la audiencia pública con el acuerdo logrado las semana pasada con la Corte. “Hay que caminar hacia leyes que puedan mejorar las condiciones de vida de los santafesinos y una de ellas es la consecuencia de la criminalidad”, aseguró el funcionario. Asimismo, Somaglia también se refirió a la modificación del Código procesal penal juvenil. “Los niveles de delincuencia y la utilización de los menores por parte de los mayores para la comisión de delitos es un tema que nos preocupa. Más allá de las víctimas es necesario el análisis de la criminalidad de los menores”, afirmó. Por último, el presidente del Colegio de Abogados, Andrés Abramovich destacó “la necesidad de construir políticas de Estado tendientes a garantizar los derechos de las víctimas y trabajar en políticas de prevención para que cada día existan menos víctimas”.

Fuente: Aire de Santa Fe