Desde abril de 2014, cuando el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni “desembarcó” con 3600 gendarmes en el llamado Operativo Rosario, quedó en el imaginario colectivo que ésa era la manera en la que las fuerzas federales actuarían en Santa Fe.

El shock que provocaron los helicópteros sobrevolando las avenidas de la ciudad y los efectivos pertrechados como si fueran a un combate en la cordillera de Hindu Kush en Afganistán quedó marcado a fuego y la “sensación” de tranquilidad que generó en ciertos barrios –ante el desprestigio creciente de la población con la policía- sirvió para que ese rol de los gendarmes se transformara desde ese momento en un eje político en materia de seguridad, un área donde son más frecuentes los fracasos que los “éxitos”.

El resultado concreto del arribo de las fuerzas federales en términos de lucha contra el narcotráfico fue menos efectivo que la sensación de “tranquilidad” que portaban la mayoría de los vecinos, confiados en los agentes correntinos y chaqueños de los destacamentos móviles antidisturbios. En política con eso alcanza y sobra. En las sucesivas crisis de seguridad en la provincia la receta o promesa del arribo de Gendarmería se repitió en cuatro oportunidades, pero el fondo del problema y las situaciones de violencia no cesaron.

Al propio Omar Perotti le sirvió en 2015, cuando era candidato a gobernador recorrer las calles de Rosario acompañado de Berni, cuya imagen en Santa Fe superaba a la de todos los postulantes a la gobernación. Ese megaoperativo llamado Operación Rosario duró sólo ocho meses, pero pareció que fue eterno.

El presidente Alberto Fernández puso el tema de la seguridad y la violencia en la provincia en la agenda del gobierno desde el 27 de febrero pasado, cuando tras reunirse con los padres de Carlos Orellano, un joven que fue encontrado muerto flotando en río tras concurrir a un boliche, el jefe de Estado se comprometió a mostrar resultados en el acto del 20 de junio.

Unos días después, el 1º de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente insistió con ese foco. Anunció la creación de una secretaría de narcotráfico bajo la órbita de la Cámara de Apelaciones del fuero federal. En el hilo de su discurso propuso “la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar orientada a la investigación de la trata de persona, el lavado de dinero y el narcotráfico”. Todo se rompió en mil pedazos con la aparición de la pandemia 19 días después de ese discurso. Pero a pesar de los meses de aislamiento los problemas de inseguridad y violencia no sólo siguieron presentes en Santa Fe sino que se agudizaron en algunos puntos, como los homicidios, con un crecimiento de más del 20 por ciento de los homicidios.

El ministro de Seguridad Marcelo Sain apuntó en 2020 a que las tres leyes sobre seguridad pública, que había elaborado con su equipo, se aprobaran. El gobernador Perotti le ordenó que transitara foros de empresarios y universidades para explicar los proyectos, que apuntaban no sólo a una reforma de fondo de la policía sino a crear un sistema de seguridad más moderno. Los problemas que enfrenta el gobierno en la Legislatura, con una Cámara de Diputados en manos de la oposición y fragmentada, y un Senado con mayoría de senadores peronistas enfrentados a la gestión, dieron como resultado que las leyes no se sancionaran.

Un diagnóstico preocupante

El diagnóstico que tiene la cartera de Seguridad es que durante la pandemia crecieron los robos y arrebatos, en medio de un panorama económico desolador, con el 41 por ciento de pobreza en Rosario. Ese problema empezó a preocupar al gobierno, con asaltos cada vez más violentos. Ante esta situación, el equipo de SaIn planteó desarrollar estrategias de seguridad preventiva “focalizadas” y “enfocadas” en los problemas delictivos identificados, para un uso “racional, proporcionado y efectivo” de los recursos policiales en las grandes ciudades de la provincia.

Según el diagnóstico, “la perspectiva de alcanzar una dotación de personal para desplegar estrategias de seguridad preventiva de forma masiva y constante en el territorio es irrealizable”. Por eso se diseñaron los “centros de análisis y operaciones policiales” (COP) con “la misión de producir análisis criminal, planificar operaciones e intervenciones policiales focalizadas”. Los 3000 millones de pesos que envió el gobierno nacional en diciembre son para dotar de herramientas e insumos tecnológicos –el pliego de licitación se terminó confeccionar el mes pasado- a estos sitios.
El gobernador le llevó a Sabina Frederic, ministra de Seguridad, el planteo de que es necesario mayor visibilidad de las fuerzas federales en Rosario. En la cartera nacional advirtieron –según altas fuentes cercanas a la funcionaria consultadas por Aire Digital- que observan un incremento de los robos calificados, con un uso mayor de la violencia. “Empezamos a ver situaciones de asaltos similares a los del conurbano bonaerense, algo que en las ciudades de Santa Fe no se daban con tanta frecuencia”, apuntaron.

No aumentarán el número de efectivos

La respuesta del Ministerio de Seguridad de la Nación fue clara: no se van a incrementar los efectivos de las fuerzas federales. En la provincia, según fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, hay 1.500 gendarmes destinados a seguridad ciudadana, 1.000 prefectos, de los cuales la mitad patrulla las calles, y unos 500 efectivos de Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria. En la provincia de Buenos Aires desde setiembre, cuando estalló la rebelión policial, hay 4.000 agentes federales. En La Matanza, el distrito más populoso del conurbano, con 2,5 millones de habitantes, se enviaron 350 gendarmes. “No se puede seguir enviando más efectivos a Santa Fe para resolver problemas de seguridad ciudadana”, afirmaron desde la Nación.

Lo que se va a implementar, según la visión de la cartera de Seguridad nacional, es revitalizar operativos con fuerzas federales en lugares con mayor circulación de personas en horas pico. Gendarmes dentro de los bulevares. Hasta ahora esa tarea la realizaba la Fuerza de Respuesta Inmediata de la Policía Federal, pero con pocos efectivos, en un número no mayor a 100 uniformados. La promesa es que Gendarmería haga tareas similares, de mayor exposición y con mayor número de agentes.

El otro punto que plantearon las autoridades de la cartera que conduce Frederic es que hay falencias en la tarea de la justicia federal. Ven que en las detenciones por narcomenudeo no se investigan los planos superiores de las organizaciones criminales. “Sin la orden de los fiscales federales los gendarmes no pueden actuar”, afirmaron. El objetivo es que con el mapeo de las bandas que se realizó en materia de inteligencia criminal es avance en la desarticulación de organizaciones, que irradian una violencia muy fuerte en determinados barrios. En la provincia señalan que la cartografía de las bandas en Santa Fe y Rosario lo tienen delineado en el Organismo de Investigaciones desde hace por lo menos dos años. La comitiva del gobierno de Santa Fe, encabezada por Perotti, no volvió muy conforme tras la reunión, aunque esperan que este reseteo que se piensa hacer del trabajo operativo de la Gendarmería empiece a mostrar resultados, ante una demanda creciente por la inseguridad cotidiana.

Fuente: Aire de Santa Fe