“No existieron nunca 70 animales” secuestrados en el operativo del pasado 2 de octubre en zona rural de Santo Tomé. Así lo afirma el fiscal de Santa Fe, Omar De Pedro, en franca contradicción con la cifra difundida en sus redes sociales por asociaciones proteccionistas de la raza, que dos semanas atrás tildaron al funcionario como “enemigo de los perros”. ¿Cuántos ejemplares se secuestraron el día que se desbarató la carrera de galgos? Es una pregunta sin respuesta hasta ahora, pero que surge después de la polémica por la devolución de los canes a sus antiguos dueños y que desató una andanada de críticas, pero también mensajes injuriantes y hasta graves amenazas para con el fiscal.

El acta de procedimiento labrada por personal de la Policía Ecológica hace referencia a dos cifras diferentes. Primero, describe 47 animales por color, sexo y estado aparente de salud; pero luego hace referencia a 61 traslados (30 a Rosario y 31 a Santa Fe). Es decir que “hay 14 que no sabemos de dónde salieron” y “nunca se pudo aclarar esa circunstancia, no se puede determinar dónde estaban ni quién los llevó”, expresó el fiscal De Pedro, en una extensa entrevista con el programa “Voz Animal” que transmite la Radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN Radio) y cuya misión “es difundir y divulgar la agenda política, educativa y activista en defensa de los animales no humanos”.

Reclamos cruzados

Es decir que, según datos oficiales y si se toma el 61 como el total de perros, todavía resta saber qué pasó con algunos de ellos, desde que se ordenó la devolución de 54 ejemplares (15 en Santa Fe y 39 en Rosario). Puntualmente, este martes una manifestación de galgueros de distintos puntos del país reclamaron ante el MPA Santa Fe por la devolución de 4 animales que nadie sabe dónde están. La medida de reintegrarlos a “los galgueros” cayó mal en el ámbito del proteccionismo, cuyos representantes no tardaron en expresar su repudio por redes sociales, pero también de manera directa, luego de que uno de sus integrantes hiciera público el celular del fiscal De Pedro, que lleva contabilizados varios centenares de mensajes de todo tipo y calibre. Sin embargo, el propio fiscal se encargó de hacer algunas aclaraciones, tanto en la publicación especializada como con El Litoral y otros medios locales que le permitieron el descargo.

Condena o archivo

“Había dos opciones: una fue la que tomamos que implicaba condena, multa y control para los involucrados. la otra posibilidad era el archivo de la causa e incluso la posible devolución de los animales a las personas que pudieran demostrar que son dueños”, destacó. “No es un tema nuevo para nosotros, veníamos en muy buen trato con una de las asociaciones que protege la raza, trabajando codo a codo. Me había puesto a disposición, les había pasado mi teléfono para que me llamen”, contó. Pero esa buena relación se cortó a partir del 2 de octubre, que es la fecha en que se desbarató una jornada hípica en un campo lindero con la autopista, en jurisdicción de Santo Tomé.

Esa mañana y a partir de una denuncia, “se hace una primera inspección a través del área de Seguridad Ciudadana y Zoonosis de la Municipalidad de Santo Tomé que arroja resultado negativo”. No obstante, “se sigue una línea que venía investigando la fiscalía de Control y Maltrato Animal junto con la Policía Ecológica y arribamos al predio de la autopista” donde estaban los galgueros.

Un condenado

El caso fue abordado en un primer momento por la fiscalía en turno, que llevó a audiencia imputativa al organizador del evento, el que luego firmó un juicio abreviado en el cual fue declarado culpable por infracción a la Ley Nº 27.330 que prohíbe la actividad hípica de la raza galgo.  “Podrán insultarme, pero con lo que teníamos era el típico legajo que iba camino a ser archivado”, se sinceró. Y en cuanto a la devolución, “asumí las consecuencias porque para mí fue lo mejor para los animales”.

“El veterinario informó que los perros estaban SLA, lo que significa ‘sin lesiones aparentes'” y dejó aclarado que no se realizaron estudios complementarios como extracción de sangre o doping. “Tampoco se secuestró ningún elemento en el procedimiento que nos haga suponer que los animales estaban dopados”, agregó el funcionario.

Enfermos y mal alimentados

A los pocos días, “el 5 de octubre el veterinario examina a los perros que estaban en Santa Fe y dictamina que deben cambiar la alimentación que era de mala calidad y reubicarlos porque estaban en situación de hacinamiento”. “De Rosario me llegan informes de cómo y dónde estaban los perros el 18 de octubre y luego un complemento de las actuaciones el 26 de octubre. Pero el 18 llega un informe de veterinarios particulares que dice que tienen lesiones varias, diarreas, deshidratación, garrapatas y 15 de estos canes presentan enfermedades asociadas a la perdida de peso, fiebre, depresión”, continuó De Pedro que para completar el cuadro, aclara que “no sabíamos dónde estaban”.

Por eso “determinamos devolver el grueso de los animales” y hasta el momento “no hubo una sola acta de control de la Policía Ecológica de Rosario”. Aunque prefiere no enfocarse en los guardadores, que por lo general fueron civiles que tuvieron un gran gesto, ilustró la situación que enfrentaba cuando dijo que “2 perros estaban en un departamento en piso 11” y que “al menos dos fueron castrados” durante la guarda. La realidad es que se iba a producir un hecho inusitado desde la sanción de la ley 27.330 que era “la firma 43 condenas que no se pudieron homologar” por la reacción de los proteccionistas. “Recibí cientos de amenazas a mi celular y las redes. No he contestado una sola, entiendo que hay una injusticia porque se tergiversó todo” cerró el fiscal.

Fuente: El Litoral