A más de una semana de que efectivos de la Policía Federal allanaron las instalaciones del Parque Industrial Sauce Viejo, por la presunta contaminación del río Coronda, el fiscal que investiga el caso, Walter Rodríguez, solicitó al juez que instruye la causa que declare la clausura preventiva del canal interno del predio donde se arrojan de manera diaria los efluentes de las empresas.

Tal medida apunta a que las firmas que arrojan efluentes al arroyo cesen sus actividades hasta tanto él se lleve a cabo el saneamiento completo del arroyo que va desde el inicio del parque y tiene una longitud de más de un kilómetro hasta su desembocadura. El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal fue para el juez Francisco Miño y surgió tras considerar que existen elementos que permiten establecer, de manera preliminar, que el arroyo en cuestión se encuentra posiblemente contaminado.

El planteo se amparó en el primer peritaje que llevó a cabo la Justicia federal, en 2016, cuando determinó que el agua del río Coronda, en la zona donde desemboca el canal, presentaba niquel, plomo y cromo con índices de tolerancia muy superiores a los permitidos por la 24.051 que regula los residuos peligrosos. En su momento se detectó también que el canal en cuestión tenía un alto porcentaje de Escherichia Coli, la cual es una bacteria ubicada en el intestino de bovinos u otros animales y que causa enfermedades como por ejemplo: síndrome urémico hemolítico.

Las nuevas muestras de agua que fueron tomadas la semana pasada por agentes de la Policía Federal, durante el 10,11 y 12 de diciembre, y se encuentran siendo analizadas por tres organismos: la Facultada de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, Conicet Santa Fe y una consultora privada. La lupa sobre la posible contaminación en el parque industrial comenzó en 2016 cuando la Fiscalía Federal N°2 tomó intervención en torno a una denuncia que dio cuenta que los desechos que producen las industrias emplazadas en el predio irían directos a la aguas del río Coronda sin tener su debido procesamiento.

A partir de allí, el 27 de abril del 2017 el fiscal solicitó una serie de allanamientos en las instalaciones pero ante la falta de una fuerza especializada para tomar muestras y abordar la temática, la causa tardó dos años en concretar la tal medida procesal. Fue así que el pasado 10 de diciembre, un grupo de agentes de la Policía Federal llegaron al parque y durante tres días tomaron muestras de agua, secuestraron documentación de distintas entidades y peritaron cuales eran las empresas que arrojaban desechos presuntamente tóxicos al canal interno que se encuentra en inmediaciones del parque.

Fuente: Aire de Santa Fe