Uno de los sujetos cayó en Santo Tomé, un par de semanas antes del megaoperativo que terminó con una de las organizaciones dedicada al comercio de cocaína más importante del centro norte provincial, justamente liderada por su tío, el sargento de policía Edgardo Oscar Baigoría.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF) condenó a penas de cumplimiento efectivo a cinco miembros de una banda dedicada al comercio de drogas que operaba en el centro norte provincial qué, según se cree, estaba comandada por el sargento de policía Edgardo Oscar Baigoría, quien también se encuentra detenido, a la espera de juicio cuyo inicio está previsto para el mes próximo.
Aunque la sentencia -impuesta por la jueza María Ivón Vella en un juicio abreviado- no hace referencia a la denominada “causa Baigoría”, son varios los nexos que señalan al “rey de la cocaína” con los miembros de la gavilla de delincuentes que ahora purga condena en los penales de Coronda y Piñero.

Lazos de sangre

La primera está dada por el lazo sanguíneo entre Baigoría y su sobrino Jorge Rafael Amarillo (36), que fue apresado el 17 de marzo de 2018 en su casa del km 2,1 de la ruta nacional N° 19, en Santo Tomé, con 708 gramos de cocaína y 1,106 kilogramos de marihuana. Otro dato no menor hace referencia a una conversación mantenida por el padre de Amarillo -un policía retirado-, que al enterarse que su hijo había sido capturado se presentó en el lugar y se lo escuchó decir que esa droga era de Baigoría. Ese mismo día, el juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, ordenó allanar otros cuatro domicilios: en Sauce Viejo, Santa Fe y dos en la cabecera del departamento General Obligado propiamente. Como resultado detuvo también a Agustín Santiago Sanchetti (27), Facundo David Cejas (27), Jonatan David Segovia (32) y Juan Edgardo Ludueña (37) respectivamente. En todos los casos, la policía secuestró drogas en las viviendas, con lo cual sumado a lo incautado en la casa de “Tato” Amarillo arrojó un total de 1,468 kilos de cocaína y 1,197 kilos de marihuana.

Penas y multas

Como resultado del acuerdo al que llegaron el fiscal general Martín Suárez Faisal, defensor público oficial Julio Agnoli (por Amarillo, Segovia y Ludueña) y los abogados particulares Luis Carlos Rittiner (por Cejas) e Hilda América Knaeblein (por Sanchetti), la jueza Vella impuso penas de entre 2 y 4 años y 3 meses de prisión para cada uno de los acusados. En el caso de Amarillo, fue condenado a la pena más alta y una multa de $ 275.400 (51 unidades fijas) como autor del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Por el mismo delito Sanchetti, Segovia (declarado reincidente) y Cejas recibieron 4 años de pena y multas de $ 243.000 (45 UF). De los cinco, el único que recuperó la libertad fue Ludueña, a quien condenaron a 2 años efectivos y $ 4.000 de multa por tenencia simple. Además, la jueza ordenó la devolución de los elementos que no tengan relación con la causa, como dinero ($ 81.506) y vehículos (un VW Bora, Renault Logan, Fiat Duna, VW Gol, Peugeot 307, Honda Dax 70cc y Zanella 50 cc.); así como remitir al Juzgado Federal de Reconquista las dos pistolas 9 mm secuestradas (una Bersa Thunder y una FM Hi-Power).

Escuchas y ramificaciones

La causa se inició el 31 de julio de 2017 a pedido de la Unidad de Procedimientos Judiciales (Uniprojud) “Avellaneda” de Gendarmería Nacional, a partir de la detección de Segovia vinculado a la venta de estupefacientes. Pero de las intervenciones telefónicas la pesquisa se ramificó hacia otras ciudades del territorio provincial. Tras los allanamientos del 17 de marzo de 2018 el juez Alurralde dictó la prisión preventiva para todos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la participación de tres o más personas y el 1° de noviembre de 2018 la Cámara de Apelaciones de Resistencia rechazó los recursos intentados por las defensas, por lo que el fiscal de primera instancia pidió la elevación de la causa a juicio.

La megacausa

Los allanamientos de marzo de 2018 obligaron a acelerar una investigación más grande que llevó adelante el fiscal federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, quien luego solicitó sin suerte la acumulación de Amarilla al voluminoso expediente Baigoría. Es así que el 4 de abril del mismo año Gendarmería junto con otras fuerzas federales y de provincia, realizaron 23 allanamientos en Santa Fe, Santo Tomé y zonas aledañas, mediante los cuales desbarataron una de las redes de tráfico de cocaína más grandes de la región, con el sargento Baigoría a la cabeza. Con él fue apresado Maximiliano González, también señalado por su parentesco con el también detenido Luis Paz.

Una decena de personas esperan la realización del juicio oral en la causa Baigoría-González, el cual estaba previsto para octubre de 2019, pero se suspendió por distintas impugnaciones de las defensas y este año, a causa de la pandemia todavía no pudo comenzar. Sin embargo, se espera que el próximo mes de octubre, pueda realizarse de una vez por todas. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal en pleno (José M. Escobar Cello, María I. Vella y Luciano H. Lauría) y tiene a la dupla Baigoría-González como presuntos organizadores de una red de proveedores y distribuidores de drogas, con base en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. El resto de la banda la integran los eslabones más finos de la cadena de distribución, entre ellos un matrimonio de barrio Barranquitas (Estela Mari Castillo y Osvaldo Ramón Salva); y un sobrino de Baigoría (Cristian Pablo Mansilla). También un misionero detenido en Salta con un cargamento de 4 kilos de cocaína (Jorge Ramón Correa); y tres gendarmes (el sargento Damián Omar Sosa y los cabos Santiago Armando Alejo y Jorge Ismael Britos), quienes habrían favorecido con protección y con ánimo de lucro, el accionar ilícito del resto.

Fuente: Diario Castellanos