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Causas por incumplir el aislamiento seguirán “hasta las últimas consecuencias”

Causas por incumplir el aislamiento seguirán “hasta las últimas consecuencias”

Seis personas en un gimnasio, una familia recorriendo las rutas desde Bolivia o trabajadores de una fábrica de Buenos Aires que no pudieron justificar su presencia en la provincia. Los casos que actualmente se tramitan en la Justicia federal santafesina tienen orígenes múltiples, pero el mismo denominador: el incumplimiento de la cuarentena obligatoria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por decreto presidencial el pasado 20 de marzo para evitar la propagación de coronavirus. Gustavo Onel tiene a su cargo la Fiscalía Federal N° 1 de Santa Fe, e interinamente también la fiscalía federal de Rafaela. Entrevistado por Ignacio Mendoza y Andrea Viñuela en Será Justicia, el funcionario se refirió al trabajo realizado en la primera semana de vigencia del aislamiento obligatoria, en la que se han iniciado unas 50 actuaciones por incumplimiento de la medida.

En un gimnasio

El pasado martes, personal de la Policía Federal advirtió que un grupo de personas se encontraba dentro de un gimnasio en la capital provincial. “El personal le preguntó qué estaban haciendo y respondieron que estaban armando una clase para enviar online a los socios. Una situación insólita”, detalló Onel. Los uniformados procedieron a recabar los datos de las personas y de los titulares del gimnasio, y se procedió a la clausura del lugar. El fiscal recordó que “el municipio dictó una resolución hace diez días que suspendió la habilitación de gimnasios, bingos, casinos y cualquier otro establecimiento de reunión de personas”. En relación a este caso Onel remarcó que “el dueño no estaba y las personas dijeron que eran profesores. Todos fueron remitidos hacia sus domicilios, y el dueño también será imputado”.

Recorriendo las rutas

Onel se refirió también a dos de las causas iniciadas en Rafaela: una familia boliviana residente en Buenos Aires y dos trabajadores de una fábrica también de Buenos Aires que no podía justificar su presencia en la provincia. En el caso de la familia boliviana, el fiscal precisó que son residentes argentinos, con domicilio en la ciudad de La Plata. “Ingresaron por el paso de Orán el 19 de marzo, allí fueron detenidos por la policía provincial que los intimó a volver a Bolivia o dirigirse a su domicilio en Buenos Aires. Ellos no hicieron ninguna de las dos cosas, quedaron deambulando hasta el 23 de marzo cuando fueron detenidos en la ruta 34, en el ingreso a Rafaela. Allí se dispuso el arresto domiciliario en La Plata y el secuestro del auto”, explicó Onel.

Los viajeros debieron ser escoltados por la Gendarmería hasta su lugar de residencia en La Plata, y el automóvil quedó secuestrado en las dependencias de la policía federal de esa ciudad: “imagínese el gasto al estado de trasladar a estas personas desde Rafaela hasta La Plata el personal de Gendarmería, ida y vuelta”, cuestionó el fiscal. En relación a los obreros, Onel precisó que fueron detenidos en un control sobre la ruta 34 y que contaban con un permiso laboral de circulación tramitado online y otorgado por el gobierno de Buenos Aires, pero al tratarse de trabajadores de una fábrica en esa provincia, no pudieron justificar que estaban haciendo en Santa Fe, por lo que se dispuso arresto domiciliario y el secuestro de vehículo.

Conductas temerarias

En relación a qué se puede esperar del desarrollo de las causas por incumplimiento de aislamiento, el fiscal reconoció que si bien por el monto de pena podrían resolverse a través de probation, lo cierto es que “dada la gravedad de la situación que vive el país y lo temerario de las conductas de estas personas, yo voy a impulsar las acciones hasta las últimas consecuencias”.

¿Y los presos?

Desde el decreto presidencial se han presentado una gran cantidad de solicitudes de arresto domiciliario y libertades condicionales por parte de las personas privadas de su libertad, argumentando el temor al contagio de coronavirus en su lugar de detención. El fiscal Onel ha tomado intervención en cuatro solicitudes de arresto domiciliario y dos de excarcelación, en todos los casos de personas condenadas por delitos graves, que han sido rechazadas. “Se está generando una jurisprudencia que precisa que, en tanto no se advierta algún caso de coronavirus positivo en el establecimiento penitenciario, y a partir de distintas instrucciones que el Ministerio de Justicia de la Nación ha brindado, se están tomando las medidas para garantizar la seguridad de los internos y el estado de salud de los mismos”, manifestó el fiscal. “Además el aislamiento decretado no puede ser ajeno a las personas privadas de su libertad. Ellos también deben permanecer en aislamiento preventivo y obligatorio en el lugar que se encuentren, y el lugar donde se encontraban al momento del dictado de la norma era justamente en la unidad penitenciaria, de modo que ese status quo no podría ser modificado por esa situación”, analizó Onel.

Fuente: Aire de Santa Fe

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