“La Cámara de Diputados está abierta a discutir modificaciones que sirvan a los fiscales”. De esa manera, el jefe de la bancada Socialista, Joaquín Blanco, adelantó el visto bueno de su sector a los cambios propuestos por el gobierno provincial para que el delito de portación ilegal de armas de fuego no sea excarcelable. Junto a diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías, Blanco participó este lunes de una reunión con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con el objetivo de analizar el proyecto de ley del Ejecutivo para modificar el capítulo del Código Procesal Penal que trata sobre tenencia ilegal de armas.

Del encuentro, realizado en la Defensoría del Pueblo, participaron el titular del MPA Jorge Baclini e integrantes de la Junta de Fiscales de la provincia. El objetivo de la reunión fue que los miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados inicien el debate sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que apunta a modificar el Código Procesal Penal para que la tenencia ilegal de armas deje de ser un delito excarcelable.

Sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone reformar el Código Procesal Penal para que los jueces puedan dictar prisión preventiva a aquellas personas que, entre otros delitos, porten armas de fuego de manera ilegal, Blanco comentó: “Hubo un intercambio de ideas. La Cámara de Diputados está siempre abierta a discutir modificaciones legislativas que sirvan a la tarea de los fiscales”. También se habló sobre la situación de violencia que atraviesa la provincia. “Las balaceras, los delitos complejos y la conexión que tienen los presos con el mundo exterior son muy preocupantes. Por eso nos pareció muy importante poder encontrarnos en una mesa de diálogo y trabajo. Debemos dotar al MPA de mayores recursos, económicos y humanos, para que puedan dar celeridad a estas investigaciones”, agregó Blanco.

Respecto sobre la investigación que se está llevando adelante por espionaje ilegal por parte del Ministerio de Seguridad, el diputado socialista habló sobre una “situación inédita”. “Necesitamos que el Poder Ejecutivo se ponga a disposición de la causa, que sea el propio Gobernador el que aporte espontáneamente todos los elementos necesarios para dilucidar esta situación. Y hay que dejar avanzar a la justicia, que los fiscales actúen sin ningún tipo de obstáculo político”, finalizó Blanco.

De la reunión participaron los diputados y diputadas: de la comisión de Asuntos Constitucionales, Joaquín Blanco, Gabriel Real, Maximiliano Pullaro, Alejandro Boscarol, Gisel Mahmud y Esteban Lenci; de Derechos Garantías, Lionela Cattalini, Claudia Balagué y Julián Galdeano. De la Junta de Fiscales, estuvieron presentes: Jorge Baclini (Fiscal General de la Provincia), Carlos Arietti (Fiscal Regional de Santa Fe), Maria Eugenia Iribarren (Rosario), Matías Merlo (Venado Tuerto), Diego Fernando Vigo (Rafaela).

El proyecto

El gobierno provincial envió a la Legislatura, el martes 16 de noviembre, un proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal para que la portación ilegal de armas de fuego no sea excarcelable. Durante la reunión se hizo referencia a la situación de inseguridad que atraviesa la provincia y el espionaje ilegal por parte del Ministerio de Seguridad. “Brindamos nuestro total compromiso a las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público de la Acusación. Este proceso debe llevarse adelante de forma seria, independiente y sin presiones políticas”, destacó el diputado socialista Joaquín Blanco.  “Santa Fe está atravesando un momento muy delicado. Creemos que de esta crisis se sale con mejores instituciones. En nuestra provincia hay condiciones para avanzar en las investigaciones que viene realizando el MPA y nuestro compromiso es el de fortalecer y respaldar esa tarea”, expresó Blanco, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.

El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, explicó en aquel momento que la iniciativa pretende otorgar una herramienta a los jueces para otorgar la prisión preventiva de quien porte un arma no reglamentada, esté involucrada en un delito o no. De aprobarse el proyecto, se establece “la posibilidad de facultar a la Justicia” para privar de la libertad en determinados casos de portación. Si bien la iniciativa se hace extensiva a toda persona que tenga en su poder un arma de fuego de manera ilegal, el funcionario aclaró que “los jueces evaluarán las razones para entender si hubo delito o no”. El aprehendido con un arma no reglamentada o con credenciales de portación sin vigencia “puede estar detenido por un máximo de 48 horas mientras se averiguan los antecedentes y el involucramiento del arma en algún delito”, explicó el secretario. “El juez determinará si la prisión preventiva se extiende o no”, agregó.

Fuente: Aire de Santa Fe