Desde marzo del año 2015 que el monto del PROGRESAR –Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina- no es actualizado en nuestro país. Este derecho es destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que cursen estudios en establecimientos educativos de gestión estatal o en centros de formación para el aprendizaje de oficios; cuyos ingresos y de su grupo familiar no superen el equivalente a 3 salarios mínimos vitales y móviles –$26.580-. Fue creado en enero de 2014 bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la finalidad de brindar apoyo a la franja etaria con mayor índice de desempleo y menores ingresos de toda la sociedad. Comenzó con un monto de $600 mensuales que luego fue incrementado a $900 en marzo de 2015. Pero desde la asunción del Presidente Mauricio Macri, dicha prestación se encuentra congelada, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo que hoy representa una reducción del 47 %.
Esto se complementa con la falta de campañas de promoción por parte del actual Gobierno y el desmantelamiento de la red de coordinadores territoriales que tenían como función hacer llegar esta política a los barrios. En Santo Tomé y su zona de influencia, por ejemplo, hemos desarrollado junto a la Oficina local de ANSES durante el 2014 y 2015, diversas actividades de difusión como charlas informativas y abordajes territoriales en instituciones, clubes y asociaciones vecinales, con importantes convocatorias que demostraron el interés por parte de la juventud en participar del programa. Actualmente, la falta de aumento de la prestación y su casi nula difusión hacen que cada vez haya menos inscriptos. Cuando comenzó en 2014 había 200.000, que llegaron a ser casi 1.000.000 en octubre de 2015. Pero según un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Ciudad –dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA-, se observa que la cantidad de titulares en el primer trimestre del 2017, respecto del último trimestre de 2016, se redujo en un 28 por ciento, esto es, 276.222 prestaciones menos en nuestro país.
Lamentablemente se trata de una medida de ajuste al futuro de miles de estudiantes que ya se había anticipado en el presupuesto 2017, donde el Gobierno redujo en más de un 30 por ciento los fondos destinados al programa, que va camino a tener sólo 500.000 participantes. En Santo Tomé hay aproximadamente 700 jóvenes estudiantes que esperan y necesitan que la prestación sea actualizada para solventar gastos básicos como el transporte hasta la escuela o facultad o las fotocopias para estudiar.
