Electrodomésticos, cubiertas, piletas, vinos costosos, combos para ir al cine y otros elementos fueron las compras que efectuó desde septiembre del 2015 hasta este año una banda de estafadores, que, bajo la modalidad de “skimmer”, cometieron 162 estafas a 19 firmas comerciales (locales, nacionales e internacionales) de Santa Fe. Esta tarde, cuatro de las cinco personas imputadas quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva por orden del juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro tras la solicitud del fiscal Omar De Pedro. Los investigadores señalaron que por el momento la causa se encuentra abierta y que solo este paso procesal es la punta del iceberg ya que hay personas que se encuentran con pedido de captura de la Justicia provincial.
Todo queda en familia
De las cuatro personas que quedaron en prisión, tres son familiares y residen en barrio Villa Adelina de Santo Tomé. Se trata de un hombre, Juan Carlos Álvarez (60) y sus dos hijas, Paola (38) alias “Pali” y Rocío (23). Por su parte, el otro familiar, Camilo, fue beneficiado con la excarcelación pero deberá pagar una fianza con un bien valuado en $400.000. El otro de los imputados, Edgardo Fabián Salinas (49), oriundo de Victoria (Entre Ríos) y propietario de una financiera, también será alojado en un establecimiento penitenciario de Santa Fe, tal como lo dispuso el juez Carraro. Sobre los cinco pesa haber efectuado múltiples operaciones comerciales con tarjetas de crédito que fueron adulteradas a través del robo de datos. Las mismas figuraban a nombre de los antes mencionados pero la identidad acreditada al momento de la compra no era la misma de quien efectuaba la operación.
El eje de la cuestión
La investigación se inició luego de que el cajero de un hipermercado de la ruta nacional 168, denunció que en reiteradas oportunidades las personas imputadas efectuaron compras por grandes montos en la firma y que la identidad acreditada en la tarjeta adulterada, causó sospechas en los empleados de la firma.
A raíz de ello, se logró detectar que una de las personas que había realizado las fraudulentas operaciones era Paola Álvarez. La misma, el 21 de octubre del 2016 intentó comprar pero en ese momento la tarjeta no pasó por lo que un cajero llamó a la encargada del área. “Pali”, nerviosa por la situación, pidió ir al baño, pero en cuestión de segundos escapó del
comercio. Esa actitud motivó que agentes de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) identificaron a la mujer y lograron intervenir su teléfono. Fue así que a través de las escuchas, los pesquisas pudieron determinar cual era el ardid empleado por Álvarez, quien por medio de su padre –chofer de una empresa de transportes– y su hermana –una joven ama de casa– triangulaban la mercadería que era comprada en las 19 empresas. Los elementos, en su mayoría de electrónica, eran para consumo personal del clan familiar pero el resto de los bienes se ofrecían –a un costo menor– por medio de la red social
Facebook. En números concretos, el fiscal De Pedro indicó, en la audiencia llevada a cabo en la Sala I de Tribunales, que Paola efectuó operaciones comerciales por $39.000; Juan Carlos, $109.000; y Rocío por $97.500.
El proveedor
Si bien la causa tiene identificadas a al menos dos personas más que están prófugas, se determinó que el entrerriano Salinas era quien proveía de las tarjetas adulteradas a los Álvarez. Este se desempeñaba como titular de la financiera “Soluciones Inmediatas”, empresa radicada en Victoria, la cual fue allanada el pasado miércoles. Aquellos allanamientos, efectuados en Entre Ríos, tuvieron la particularidad de que cuando quedaron bajo la custodia de un efectivo policial, fueron sustraídos por personas desconocidas que buscaron ocultar y destruir parte de los elementos que habían sido secuestrados para la causa. Durante la investigación, que llevó siete meses, se pudo detectar además que el mismo Salinas tenía un accionar sospechoso en cuanto al uso de su teléfono. Es que a lo largo de la pesquisa cambió de número por lo menos cinco veces.
A la cárcel
Pese a que la defensa de los imputados, a cargo de Claudio Torres Del Sel –por Salinas– y Alejandro Otte –por el resto– habían solicitado medidas cautelares para sus defendidos y además cuestionaron la figura de asociación ilícita, el juez Carraro desestimó los planteos. Por tal razón y luego de una audiencia que tuvo su inicio a las 13.30, el magistrado evaluó las evidencias presentadas por la Fiscalía y consideró que Álvarez padre y sus dos hijas queden de manera preventiva en prisión, al igual que el mismo Salinas. No ocurrió lo mismo con Camilo, quien quedó en libertad pero bajo ciertas medidas alternativas: presentarse de manera mensual en el MPA, permanecer bajo la guarda de una persona y además abonar una fianza a través de un bien valuado en $400.000. Por último, Carraro destacó que la asociación ilícita está prácticamente probada por parte de los cuatro personas presas. “Se encuentran reunidos los elementos”, dijo el juez de primera instancia. En tanto, concluyó que en relación a Camilo “no hubo pruebas solventes en cuanto a su actuar”.
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