Los siete detenidos que tiene las causa que investiga un mega fraude inmobiliario en Santa Fe y la región definirán su destino en una nueva audiencia que tendrá lugar en tribunales y en donde se determinará si transitan la causa por la que fueron imputados en libertad o bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Se trata de los abogados Alfonso Storni y Javier Cóceres; el corredor inmobiliario Agustín Storni; el martillero público, Diego Parisse; la empleada doméstica María Fernanda Guerra; y los operadores inmobiliarios Atilio Domingo Di Mattía y Emiliano Lihuel Chacón.

Todos fueron imputados de haber integrado asociaciones ilícitas que, entre mediados de 2014 y el mes pasado, falsificaron documentos públicos y privados para darle apariencia legal a la venta de terrenos que no estaban autorizados a ofertar, publicitar ni transferir. El destino procesal de los acusados se definirá en dos audiencias que según la Oficina de Gestión Judicial fueron fijadas para las 13, ante el juez Sergio Carraro, y 14.15, con el juez Lisandro Aguirre a la cabeza.

La causa es impulsada por las fiscales Bárbara Ilera y Laura Urquiza, de la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación y los querellantes Alejandro Otte, Ricardo Beglia, Clara Vázquez, Miguel Velazco, Maria Lorena Sieyra, Daniel Rocca y Catalino Portillo, Leonardo González. El bloque acusador, en total, le imputó a los santafesinos haber tenido participación en por lo menos 57 hechos delictivos, entre los que Fiscalía resaltó la ejecución de estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la profesión.

La investigación detectó la organización, para ejecutar el fraude, montó distintas agencias inmobiliarias “AS” y “AS Servicios Inmobiliarias” a cargo del corredor Agustín Storni. Según la imputación, la banda delictiva falsificaba boletos de compraventa y cesiones de derechos; insertaba declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes; y además utilizaban formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales.

La documentación falsificada luego era presentada por los profesionales del derecho para iniciar juicios ordinarios o de escrituración ante los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe. Bajo tal ardid, lograron defraudar a diferentes magistrados que confiaron en la veracidad de los documentos y ordenaron sentencias que revistieron de legalidad las maniobras delictivas. Por el momento, la Fiscalía le atribuyó a los siete santafesinos haber realizado al menos 57 maniobras defraudatorias. Dentro de quince días se realizará una nueva audiencia para definir las medidas cautelares con las que transitarán la causa los imputados.

Fuente: Aire de Santa Fe