Walter Agosto y Pablo Olivares volvieron a reunirse este lunes en el marco del proceso de transición que se desarrolla en la provincia entre gestión entrante y saliente. El actual ministro de Economía recibió al referente del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, en temas financieros; y ambos centraron la conversación en la redacción del presupuesto 2024, que las dos administraciones acordaron elaborar de manera conjunta. Tras la reunión, quedó ratificada la fecha del 15 de noviembre para el envío del mensaje a las cámaras, tal como se había estipulado – también de manera consensuada- cuando se resolvió posponer la remisión, y exceder el plazo constitucional que vencía el 30 de setiembre. En la charla se evaluó la incidencia que tendrá la masa salarial en los primeros meses de la nueva gestión, atentos a la cláusula gatillo que indefectiblemente se activará en noviembre como consecuencia de la inflación que no retrocede.

Decretos y controversias

Las reuniones de transición se suceden entre funcionarios de primeras y segundas líneas sin mayores sobresaltos en la superficie. Ambas administraciones han destacado la predisposición por atravesar un proceso ordenado y en armonía; y ello se ha logrado en términos macro. Sin embargo, volvieron a aparecer decretos del Poder Ejecutivo sobre los que la nueva gestión posa la lupa. En este caso, para ampliar la estructura existente en el área de la Unidad Ejecutora Biprovincial para el Acueducto Santa Fe – Córdoba. Mediante decreto 2418 del pasado 24 de octubre, el gobernador Omar Perotti resolvió crear en ese ámbito una Jefatura de Departamento de Obra; una Jefatura de Departamento de Compras y Contrataciones, y una Jefatura de Departamento de Recursos Humanos. La modificación y ampliación de la estructura se fundamenta – según el decreto- a partir de la “envergadura de la obra encarada y magnitud de las tareas y de los procesos licitatorios” que deben ser encarados por la Unidad Ejecutora citada.

Objeción

La nueva disposición del Ejecutivo es analizada por los equipos de la gestión entrante porque entienden que transgrede la Ley de Responsabilidad Fiscal. Dicha norma prohíbe que a seis meses de concluir el mandato, la autoridad en ejercicio resuelva la creación de áreas y cargos, traslados, designaciones, titularizaciones y cambios de organigrama, siempre que afecten y comprometan el gasto corriente. El decreto ha generado ya un recurso de revocatoria para solicitar su nulidad. Fue presentado por un particular con el “guiño” de la nueva administración; ello provoca el efecto inmediato de evitar que el acto jurídico quede firme. Sobre esa base, una vez que asuman las nuevas autoridades, éstas podrán confirmarlo o revocarlo. La misma situación de observación y pedido de nulidad se ha dado con otro puñado de decretos; entre ellos, el que plantea la creación de cargos en el área de Comunicación Social, en el IAPIP, en la sección Informática del Ministerio de Seguridad, en la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas (APRECOD); también, el que crea áreas y cambios posteriores en el Ministerio de Salud, y el ya difundido sobre las designaciones de secretarios de juzgados comunitarios.

Fuente: El Litoral