El diputado provincial Fabián Palo Oliver volvió a impulsar la reforma de la ley de coparticipación de Santa Fe y propuso elevar del 13,43% al 22% la proporción de recursos que se distribuye entre municipios y comunas. Según sus cálculos, la modificación representaría un incremento de entre el 80% y el 90% respecto de los fondos que reciben actualmente los gobiernos locales. El legislador recordó que impulsa cambios en el sistema desde 2018, cuando logró la sanción de una ley que establecía la creación de una comisión especial para elaborar una nueva norma en un plazo de 180 días. Sin embargo, señaló que ese organismo nunca fue convocado y cuestionó que las distintas administraciones provinciales hayan evitado discutir una nueva distribución de los recursos.
“Hay mucha negación a la posibilidad de discutir un sistema de distribución que signifique ni más ni menos que hacer justicia”, afirmó. Para explicar su propuesta, Palo Oliver sostuvo que, durante 2025, los municipios y comunas recibieron efectivamente el 11% de los recursos provenientes de la coparticipación federal y de Ingresos Brutos, uno de los principales tributos provinciales. A su entender, esa distribución resulta insuficiente frente al crecimiento de las obligaciones que deben afrontar los gobiernos locales.
El diputado mencionó que, además de los servicios tradicionales de barrido, limpieza, recolección de residuos e iluminación, los municipios asumieron nuevas responsabilidades vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes, las políticas de género y la seguridad urbana. También destacó las inversiones en centros de monitoreo y guardias urbanas. “Todas esas nuevas responsabilidades no fueron acompañadas de mayores ingresos o de coparticipación”, planteó.
Autonomía municipal y desigualdades territoriales
Palo Oliver vinculó la discusión sobre los recursos con la autonomía municipal incorporada en la reforma de la Constitución provincial. Según indicó, la coparticipación es una de las leyes que deben debatirse para avanzar en su implementación. En ese sentido, señaló que, al momento de la entrevista, Rosario y Pérez eran los únicos municipios que habían sancionado ordenanzas para declarar su autonomía y avanzar hacia la convocatoria de elecciones locales el año siguiente. Para el legislador, la escasa adhesión del resto de las localidades está relacionada con la incertidumbre sobre los recursos que tendrán disponibles.
“Antes de tomar esa decisión, los intendentes quieren saber cuáles son los recursos con que van a contar”, explicó. El diputado también cuestionó los criterios de distribución vigentes porque, según sostuvo, perjudican especialmente a las localidades con menos recursos propios. Mientras las ciudades vinculadas con la actividad portuaria y agroindustrial cuentan con mayores ingresos por tasas relacionadas con la actividad económica y la producción rural, otras localidades dependen en mayor medida de los fondos coparticipables.
Como ejemplo, mencionó la situación de los departamentos 9 de Julio, Vera, Garay y San Javier, donde identificó dificultades relacionadas con la falta de infraestructura y servicios básicos. La ausencia de gas natural en parte de la costa santafesina, señaló, limita las posibilidades de radicación industrial. Por eso, consideró que la atención al norte provincial no puede depender exclusivamente de la voluntad de cada gobernador de financiar obras de infraestructura. También defendió que los municipios tengan recursos suficientes para planificar sus propias inversiones, sin depender únicamente de programas especiales como el Plan de Obras Menores, cuyos fondos, según advirtió, en ocasiones terminan utilizándose para cubrir gastos corrientes.
El legislador afirmó que, si su propuesta se hubiera aplicado en 2025, la distribución habría superado los 1,8 billones de pesos, frente a los 955.000 millones que, según sus cifras, se coparticiparon efectivamente. Sostuvo que el aumento permitiría fortalecer las finanzas locales sin impedir que la provincia continúe financiando sus competencias en salud, educación y seguridad.
Transferencias diarias para reducir la discrecionalidad
Además del aumento del porcentaje, el proyecto propone establecer un mecanismo de transferencias diarias, conocido técnicamente como sistema de coparticipación por goteo. La iniciativa busca que los municipios reciban los fondos a medida que ingresan a la provincia, en lugar de depender de los tiempos de transferencia del gobierno central. Palo Oliver explicó que la provincia recibe diariamente recursos provenientes de la coparticipación federal, pero no los gira a los municipios con la misma periodicidad. A su entender, la transferencia automática facilitaría la planificación financiera y permitiría elaborar presupuestos con mayor previsibilidad.
“Eso te permite planificar no solamente el mes, sino el trimestre, anualmente con mejores herramientas”, señaló. El diputado sostuvo que el problema excede las diferencias partidarias y responde a una concentración de recursos en los niveles superiores del Estado. En su análisis, los municipios cuentan con fondos suficientes, en muchos casos, para pagar salarios y sostener los servicios cotidianos, pero tienen escaso margen para ejecutar obras con recursos propios.
“En los municipios se administra pobreza comparado con la cantidad de recursos que existen en la provincia de Santa Fe, que es una provincia rica”, afirmó. Para Palo Oliver, una nueva ley permitiría reducir la dependencia de los intendentes respecto del gobernador de turno y establecer reglas más equitativas para distribuir los fondos. También consideró que la reforma constitucional vuelve ineludible el debate y reclamó que los legisladores del oficialismo acompañen la discusión.
Críticas a las tasas y al manejo de los recursos
El legislador también se refirió a las dificultades financieras que atraviesan los gobiernos locales en un contexto de caída de la actividad económica y menor recaudación. Frente a la posibilidad de que más municipios implementen tasas sobre los combustibles, como la aplicada en Rosario, consideró que esa alternativa no constituye una solución de fondo. “Sería una doble imposición”, sostuvo, y recordó que la constitucionalidad de ese tipo de tasas está discutida porque los combustibles ya incluyen cargas destinadas al mantenimiento de rutas.
En cambio, planteó que los gobiernos locales deben contemplar el deterioro de los ingresos de la población y evitar trasladar automáticamente sus dificultades presupuestarias a los contribuyentes. También señaló que la evolución del IVA y de Ingresos Brutos permite observar el impacto de la caída de la actividad económica. En esa línea, cuestionó la pérdida de peso del impuesto inmobiliario dentro de los ingresos provinciales. Según los datos que mencionó, en la década de 1990 representaba el 25% de los recursos, mientras que actualmente ronda el 3%. Para el diputado, se trata de un tributo que debería recuperar relevancia porque su carga está vinculada con el valor de la propiedad.
Finalmente, cuestionó los mecanismos de distribución discrecional de fondos desde la Legislatura y consideró que pueden consolidar relaciones de poder que dificultan una distribución más equitativa. En particular, se manifestó en contra de que los diputados administren subsidios y sostuvo que esa tarea corresponde a las áreas específicas del Ejecutivo provincial.
Fuente: Sin Mordaza
