El Senado de Santa Fe convirtió este jueves en ley el proyecto que establece la prohibición de la actividad de cuidacoches en toda la provincia, siempre que los municipios adhieran a la normativa y prohíban la actividad en sus respectivas jurisdicciones. La iniciativa obtuvo 16 votos a favor y tres ausencias, con lo que superó ampliamente los dos tercios requeridos para que la Cámara alta, como cámara de origen, confirmara el texto luego de las modificaciones introducidas durante su tratamiento legislativo.
La nueva ley modifica el Código de Convivencia de la provincia, conocido también como Código de Faltas, e incorpora tres artículos destinados a regular las actividades de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública. El nuevo artículo 66 bis sanciona a quien ofrezca espacios de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública sin autorización y cuando la actividad se encuentre prohibida por la normativa local.
La sanción podrá cumplirse mediante trabajo comunitario de entre 2 y 10 días, además de contemplar la prohibición de concurrir al lugar donde se detectó la infracción. En caso de reincidencia, la norma establece arrestos de entre 10 y 20 días. La pena puede agravarse cuando exista violencia o amenaza contra personas o bienes. La prohibición contempla especialmente las zonas de estacionamiento tarifado o administradas por entes autorizados. También alcanza el área ubicada dentro de un radio de hasta 20 cuadras de eventos masivos, desde dos horas antes y hasta una hora después de su realización.
La ley incorpora además agravantes vinculados con situaciones de desigualdad de género, edad, discapacidad o vulnerabilidad, y cuando la actividad se desarrolle entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o próximas a edificios públicos. Otro de los puntos incorporados es la figura de organización criminal. Cuando exista organización o acuerdo previo entre dos o más personas, el arresto será de 10 a 20 días. Si se acredita la participación de organizadores, coordinadores o responsables, las penas podrán alcanzar hasta cuatro veces sus mínimos y máximos.
Los municipios tendrán un rol central
La aplicación de la norma dependerá de la adhesión de cada municipio. La ley establece que los gobiernos locales serán los actores contravencionales exclusivos, sin perjuicio de la participación de querellantes particulares. En cuanto a las fuerzas de seguridad, los municipios podrán solicitar intervención policial a través del Ministerio correspondiente para hacer cesar la situación considerada antijurídica mediante el desplazamiento de los infractores. De esta manera, la provincia establece un marco general, pero serán las ciudades las que deberán definir mediante sus propias ordenanzas cómo se implementará la prohibición en cada jurisdicción.
Un abordaje social
La ley también establece que el Poder Ejecutivo deberá implementar acciones de prevención e inclusión social destinadas a las personas que desarrollan esta actividad. Entre ellas se incluyen capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje de situaciones vinculadas con salud mental y consumos problemáticos. Además, se plantea la articulación con los gobiernos locales y se insta a los municipios a desarrollar acciones dentro de sus competencias y a establecer acuerdos con organismos públicos y privados.
El autor de la iniciativa, el senador por el departamento Rosario Ciro Seisas, defendió la sanción durante el debate y sostuvo que el proyecto surgió de reclamos recibidos de vecinos y comerciantes. “Esto no nació en un escritorio ni de una alucinación. Nació en los mensajes, comentarios, reclamos que nos mandaron cientos de vecinos y vecinas”, afirmó. Seisas también hizo referencia a llamados al 911 y a situaciones de presunta extorsión denunciadas por vecinos, comerciantes y mujeres, aunque esas situaciones deberán ser acreditadas en cada caso.
El senador remarcó además que cada municipio podrá adaptar la aplicación de la norma a su propia realidad. “Cada ciudad va a poder diseñar su propia ordenanza según su realidad. Rosario no es Reconquista. Santa Fe no es Rafaela. Lo que unifica a todas es el objetivo: recuperar el espacio público para los vecinos y darle una salida real a quien quiere dejar el circuito”, señaló.
La implementación llevará tiempo
Seisas también advirtió que la sanción de la ley no implica el final inmediato de la actividad, sino el comienzo de un proceso de implementación. “Con esta ley no se termina nada, lo dijimos desde un principio, ahora empieza un proceso que va a llevar su tiempo hasta regularizar la situación”, sostuvo. En ese sentido, comparó el proceso con la eliminación de la tracción a sangre en Rosario y señaló que aquella implementación llevó más de tres años. “Lo que hicimos fue generar una herramienta que hasta hoy no existía y que termina con un gris que solo beneficia a bandas extorsivas”, afirmó el senador. Y agregó que, a partir de la adhesión de los municipios, las ciudades que prohíban la actividad tendrán respaldo legal y podrán solicitar el acompañamiento de las fuerzas de seguridad cuando corresponda.
Fuente: Sin Mordaza
