El diputado provincial Fabián Palo Oliver cuestionó la gestión del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y reclamó explicaciones sobre el destino de $57.000 millones provenientes de una fuente de financiamiento integrada por los aportes de afiliados activos y pasivos. Según sostuvo, el manejo de esos recursos genera interrogantes sobre el costo de las prestaciones y la calidad de los servicios que reciben los trabajadores estatales. El legislador señaló que presentó alrededor de diez proyectos vinculados con la obra social desde que Maximiliano Pullaro asumió la gobernación de Santa Fe. En ese período, afirmó, las prestaciones registraron un deterioro tanto en cantidad como en calidad.
“Es una obra social que, por primera vez, tiene un empleado público que te pide que tenga la opción de elegir libremente la obra social a la que pueda estar adherido”, sostuvo Palo Oliver. Para el diputado, ese planteo refleja el nivel de disconformidad de los afiliados con el funcionamiento de IAPOS. El legislador también cuestionó la decisión del gobierno provincial de colocar al organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía, en lugar de mantenerlo dentro del área de Salud. A su entender, esa modificación marcó desde el comienzo de la gestión una orientación diferente para la administración de la obra social.
Los $57.000 millones de IAPOS Solidario
Uno de los principales cuestionamientos de Palo Oliver está relacionado con los $57.000 millones que, según indicó, se destinarían a otros gastos dentro de la propia obra social. Los recursos corresponden a IAPOS Solidario, un esquema de financiamiento complementario al aporte básico de los afiliados, que durante años se calculó mediante un monto fijo. El sistema se modificó en mayo del año pasado y pasó a establecer los importes en función de una proporción del salario del titular y de la composición de su grupo familiar. Según el diputado, ese cambio implicó incrementos de entre el 150% y el 250%, dependiendo de los ingresos de cada trabajador y de la cantidad de adherentes.
Palo Oliver cuestionó que, después de esos aumentos, el gobierno disponga de una suma de esa magnitud sin brindar información detallada sobre su utilización. Si bien la administración provincial sostuvo que los fondos permanecen dentro de IAPOS y se destinan a mejorar sus prestaciones, el legislador consideró insuficiente esa explicación. “Lo que está mostrando esto es que o se sobrevaloró lo que tiene que abonar cada uno de los afiliados y afiliadas que está adherido a IAPOS Solidario, o bien no están brindando las prestaciones como corresponde”, afirmó.
En ese sentido, planteó dos posibles explicaciones: que los aportes se hayan calculado por encima de las necesidades reales del sistema o que los servicios brindados no se correspondan con los recursos recaudados. También señaló que desconoce cuántos trabajadores están adheridos al esquema, un dato que, según indicó, solicitó formalmente a través de un pedido de informes que todavía no recibió respuesta.
El cobro de plus y la presión sobre los hospitales públicos
Otro de los ejes del planteo del diputado es el cobro de adicionales por parte de profesionales y prestadores de salud a los afiliados de IAPOS. Palo Oliver recordó que esos cobros están prohibidos por una ley provincial conocida como ley Rubeo y sostuvo que, ante esa situación, cada vez más trabajadores estatales recurren a hospitales y centros de salud públicos para atenderse. Según explicó, muchos afiliados optan por el sistema público para evitar el pago de esos adicionales, pese a contar con cobertura de la obra social provincial. Esa situación, advirtió, incrementa la demanda sobre los efectores estatales, que deben atender tanto a personas sin cobertura como a quienes tienen obra social.
“Hoy cualquier tipo de prestación tiene que pagar plus, en cualquiera”, afirmó el legislador, al describir lo que considera una práctica extendida entre los afiliados. Palo Oliver aclaró que no cuestiona que los trabajadores con cobertura recurran a la salud pública, pero advirtió sobre las consecuencias que esa tendencia puede tener en la organización del sistema sanitario. A su entender, la creciente demanda agrega presión sobre hospitales y centros de salud que también deben garantizar la atención de quienes no cuentan con obra social ni medicina prepaga.
El diputado consideró que la situación de IAPOS requiere una discusión que incluya tanto la calidad de las prestaciones como el destino de los aportes y los mecanismos de control de la obra social. Además, recordó que presentó iniciativas para incorporar representantes de trabajadores activos y pasivos a la gestión del organismo, una propuesta que, según afirmó, no encontró receptividad en las distintas administraciones provinciales. Para Palo Oliver, el deterioro de los servicios, los aumentos en los aportes y la falta de respuestas sobre el uso de los recursos conforman un escenario que exige explicaciones por parte del gobierno provincial y de las autoridades de IAPOS.
Fuente: Sin Mordaza
